La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de La Vega dictó tres meses de prisión preventiva contra de cinco personas vinculadas a una red que se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis y al lavado de activos producto del narcotráfico, informó este miércoles la PGR.
Según el comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), Julio Fernández Fernández, Iris Mesalina Martínez e Hilda Tomasina López Abreu, deberán cumplir la condena en la Fortaleza Concepción de La Vega y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres de la provincia Santiago.
En el caso de la imputada Katerine Fernández, tomando en cuenta su estado de embarazo, el tribunal le impuso una garantía económica de un millón de pesos en efectivo a ser pagado en el Banco Agrícola,así como presentación periódica e impedimento de salida.
En tanto que a Julio Fernández Martínez deberá depositar una garantía económica de 700 mil pesos en efectivo en la referida entidad bancaria además de presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
A Luigi Albano se le otorgó la libertad.
Se recuerda que dichos imputados fueron apresados el pasado 14 de noviembre en el transcurso de más de trece allanamientos realizados en negocios y propiedades de los presuntos miembros de la red, localizados en distintas zonas de esta provincia.
La operación forma parte de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público sobre el caso por el cual fue apresada y sometida a la justicia por narcotráfico la imputada Hilda Abreu López.
El pasado 2 de marzo se le confiscó a Abreu López un total de 111,722 pastillas de MDMA, sustancia conocida como éxtasis, y de otras anfetaminas.
Según el informe, en los allanamientos también se confiscaron decenas de negocios y viviendas adquiridos como producto del narcotráfico, así como vehículos, armas y altas sumas de dinero, tanto en pesos dominicanos como en dólares.
El grupo apresado es acusado de violar varios artículos de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas y el Código Penal Dominicano, contando hasta el momento con más de 700 evidencias documentales, materiales y periciales presentadas al tribunal y que fueron tomadas en cuenta para la imposición de las medidas de coerción.EFE
