El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó hoy con “arrestar” a inspectores de la Corte Penal Internacional (CPI) si entran en el país, un mes después de que el Estado asiático anunciara su retirada del tribunal, con sede en La Haya.
”¿Cuál es vuestra autoridad ahora? Si no somos miembros del tratado, ¿por qué estáis jodiendo en este país? No podéis ejercer aquí procedimiento alguno sin base. Eso es ilegal y os arrestaré”, expresó el jefe de Estado de madrugada en un discurso televisado en Davao, en el sureste de Filipinas.
El Gobierno presentó a mediados de marzo la solicitud de retirada del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI después de que ésta iniciara una investigación preliminar sobre los presuntos asesinatos extrajudiciales de la “guerra contra las drogas” de Duterte a la que se atribuyen más de 7.000 muertos.
Esta investigación, puesta en marcha en febrero, tiene como objetivo determinar si existe o no base suficiente para abrir una causa, y de momento no se ha anunciado viaje alguno a Filipinas de los inspectores de La Haya.
El presidente filipino, que ofreció su discurso tras aterrizar desde Hong Kong como parte de un viaje oficial a China, acusó a la CPI de mantener una “postura sesgada” que “nunca se va a corregir”, por lo que instó al organismo multilateral a “detener sus tonterías”.
La salida de un Estado de la CPI solo puede hacerse efectiva un año después de que el Secretario General de la ONU reciba la correspondiente notificación por escrito, según el artículo 127 del Estatuto de Roma.
Así, expertos y organizaciones de defensa de los derechos humanos han advertido a Duterte de que la retirada del tribunal de La Haya no le eximirá de ser juzgado por sus presuntos abusos.
La CPI recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino que exigió juzgar a Duterte por “asesinatos en masa” durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.
Desde entonces el jefe de Estado filipino protagonizó una campaña de acoso contra los relatores de la ONU sobre derechos humanos, a los que amenazó con “lanzar a los cocodrilos” o “abofetear” en el caso de la francesa Agnes Callamard, asignada a Filipinas.
Con información de La Vanguardia
