SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) exigió de las autoridades de control y fiscalización de las finanzas públicas del Estado disponer las investigaciones de rigor en el traspaso de obras de construcción y remodelación de 56 hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
El pedido fue referido específicamente a la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y Ministerio Público.
El director ejecutivo de la entidad de sociedad civil, Miguel Reyes Taveras, apuntó a través de un comunicado que la contratación y ejecución de las referidas obras han sido abiertamente cuestionadas, y se ha demostrado que algunos de los adjudicatarios se encuentran en el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, previsto en el artículo 14 de la ley de Compras y Contrataciones, y otros tienen un objeto social incompatible con el contractual.
Reyes advirtió que las contrataciones bajo cuestionamientos se realizaron luego de declararlas de urgencia, una modalidad que por su celeridad y carencia de formalidades se presta para la violación de las estipulaciones de la ley 340-06 y su reglamento de aplicación.
La entidad de sociedad civil se hizo eco de las informaciones servidas por el periódico Diario Libre que dan cuenta de que algunos de los beneficiados en el concurso de urgencia que convocó en 2013 el entonces ministro de Salud, Freddy Hidalgo, aparecen en las nóminas de instituciones del Estado, incluida una persona que, en la actualidad, es parte de un expediente por corrupción pendiente de decisión en los tribunales.
Asimismo, el abogado y activista social afirmó que dicha entidad solicitará al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la entrega de los contratos y los pagos realizados a las empresas contratistas, además apoderará a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General de Ética y la Contraloría General de la República, para que realicen las investigaciones de lugar e impongan las respectivas sanciones.
Finalmente la entidad de sociedad civil le recomendó y advirtió a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que al recibir el traspaso de los 56 hospitales de salud pública, exija un inventario auditado e investigado sobre la ejecución de las obras, puesto que de lo contrario estaría cargando con todas las irregularidades y violaciones a las leyes en que se hayan incurrido hasta la fecha.
