SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Continúa en proceso el conocimiento de medidas de coerción para los implicados en el caso de sobornos Odebrecht.
El Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva para los imputados.
En la audiencia, se acusa al empresario Ángel Rondón de utilizar contratos ficticios para mover el dinero de los sobornos que la empresa Odebrecht habría pagado en el país a funcionarios y legisladores a cambio de la concesión de contratos para obras del Estado y diligenciar la agilidad en el financiamiento de algunos de éstos.
El Ministerio Público utiliza en la acusación declaraciones del presidente de la Odebrecht en el país, Marco Antonio Vasconcelos Cruz. El empresario fue interrogado por los fiscales de Brasil y habría cooperado con la justicia carioca como parte de los acuerdos de delación.
Sostiene que Rondón movió aproximadamente RD$844 millones en el ilícito. Además aseguró que existen sobradas razones para que se impongan las medidas de coerción pertinentes.
MP También afirma que al dirigente peledeísta Radhamés Segura le pagaron 11 millones de dólares por el contrato del proyecto hidroeléctrico Pinalito, siendo este el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) durante el periodo 1998-2000; vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en los años 2004-2009.
Agrega en su acusación que Víctor Díaz Rúa benefició grandemente a su amigo y supuesto testaferro, el abogado Conrado Pittaluga.
Díaz Rúa fue director del Instituto Nacional Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 2007-2012.
Fuente: CDN.com
