Santo Domingo.- Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitaron este jueves la interpelación del procurador general, Jean Alain Rodríguez, en medio de fuertes críticas por su actuación en la evaluación a una jueza de la Suprema Corte (SCJ).
Los diputados del PRM solicitaron en una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, quien al igual que Rodríguez forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que coloque en agenda la interpelación al funcionario.
En declaraciones a la prensa, la legisladora Faride Rafúl, quien firmó la solicitud, cuestionó la actuación de Rodríguez ante la jueza Miriam Germán Brito en el marco de las entrevistas a los jueces de la SCJ por parte del CNM, que preside del mandatario Danilo Medina.
“Todos hemos visto cómo el procurador ha actuado en las vistas públicas (…) y el bloque del PRM necesita saber porqué se violó el debido proceso y se lesionó el derecho de defensa de la magistrada”, apuntó Raful en sus declaraciones.
En su turno de preguntas del pasado lunes, durante la evaluación a la magistrada, que fue transmitida por televisión, Rodríguez leyó dos cartas que, según dijo, le fueron enviadas de manera anónima, y en las que se cuestiona la legitimidad de un patrimonio de la jueza y se habla de supuestos encuentros con uno de los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht en el país.
El reglamento del CNM establece, sin embargo, que las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen.
En medio de las críticas al proceder del procurador, cuya destitución han pedido varias personalidades y organizaciones, un periodista reveló ayer que la Procuraduría intervino el teléfono de la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte.
Sin embargo, el procurador adjunto e inspector de la Procuraduría General de la República, Bolívar Sánchez Veloz, negó ayer que ese organismo solicitara la intervención del teléfono de la magistrada.
Sánchez, aclaró, en rueda de prensa, que fue él y no el procurador general quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esa magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de Germán.
El Congreso de la República como principal representante de los ciudadanos dentro de los Poderes del Estado y responsable de fiscalizar a todos los funcionarios públicos debe requerir al Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez que aclare lo siguiente:
1. Por qué violó el debido proceso y lesionó el derecho de defensa de la Magistrada Miriam Germán haciendo un uso irregular de las supuestas tres denuncias presentadas contra ella, sin previamente comunicarlas ni a la evaluada ni a los otros Concejeros.
2. Por qué la Procuraduría solicitó la intervención telefónica del número de la Magistrada Miriam Germán bajo el alegato de una investigación sobre tráfico de drogas, cuando el supuesto investigado ya había muerto.
3. Por qué Bolívar Sánchez Inspector de la Procuraduría, fue parte de una investigación de tráfico de drogas, cuando la Ley Orgánica del Ministerio Público describe claramente el puesto de Inspector General que ocupa como el encargado de investigar a miembros del Ministerio Público y NO a Miembros del Poder Judicial NI Narcotraficantes.
4. Por qué la autorización de intervención la hace un juez incompetente para conocerla dado que es una Jueza de Primera Instancia cuando se intervino un teléfono de una magistrada de la Suprema Corte de Justicia que goza de jurisdicción privilegiada y por tanto solo la Suprema Corte de Justicia podría autorizarla.
5. Adicionalmente Jean Alain Rodríguez debe aclarar si la interceptación de llamadas bajo esos criterios es una práctica de la Procuraduría y a cuántos ciudadanos más de manera ligera y sin cumplir con la norma vigente se les interviene sus teléfonos.
De la referida interpelación podremos como Congreso determinar si la República Dominicana se respetan los derechos de todos y todas los ciudadanos o nos encontramos dentro de un Estado Policial que viola constantemente la Constitución y las leyes.
EFE
