Portar armas fue prohibido en toda Nicaragua a partir de este viernes, debido a que el presidente Daniel Ortega comparecerá en público durante unas horas el sábado, en medio de la peor crisis política del país en décadas.
La prohibición, emitida este viernes por la Policía Nacional, incluye portar armas de fuego o cortantes, así como bebidas en envases de vidrio, esto último en las zonas de seguridad por donde se moverá el presidente, quien desde abril de 2018 está confrontado con una aparente mayoría de nicaragüenses.
El Gobierno de Nicaragua ha confirmado la presencia de Ortega en una de las fiestas sandinistas más importantes del año, como es el «repliegue», que consiste en un recorrido de más de 30 kilómetros de Managua hacia Masaya, en la zona Pacífico del país.
La ruptura entre Ortega y diversos sectores de la sociedad nicaragüense se debe a los ataques armados con saldo de cientos de muertos desde abril de 2018, contra pobladores y ciudades que han mostrado rechazo hacia su Gobierno.
En junio de 2018 Masaya, un antiguo bastión sandinista, se declaró «territorio libre del dictador», en referencia a Ortega, tras lo cual recibió ataques con armas de guerra de las fuerzas combinadas del Gobierno, que dejaron decenas de muertos y cientos de desaparecidos.
Esta será la primera vez en 40 años que los sandinistas no entrarán con su «repliegue» al centro de la ciudad de Masaya, y la segunda consecutiva que Ortega no pisará el pueblo indígena de Monimbó, que lo ha declarado «non grato».
La Policía nicaragüense informó que el «repliegue» concluirá en un campo deportivo en las afueras de Masaya, decisión que fue celebrada por los opositores en redes sociales.
Los grupos opositores de Masaya habían advertido que, en caso de llegar Ortega, permanecerían en sus casas con las puertas cerradas, para mostrar su rechazo, e incluso algunos anunciaron que sacarían la basura y la dejarían en la calle, en símbolo de desprecio.
Nicaragua no vivía una confrontación similar entre sus habitantes y su presidente desde hace 40 años, con el dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado en julio de 1979.
Las medidas de seguridad de Ortega superan las de Somoza, ya que incluyen decenas de automóviles todoterrenos y motocicletas, cargados de agentes con armas de guerra, varios vehículos similares para despistar, helicópteros, francotiradores, ambulancias, calabozos móviles, agentes de civil, así como inspecciones terrestres y aéreas, diurnas y nocturnas, en los días previos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas 326 personas han muerto en el marco de la crisis de Nicaragua, aunque organismos humanitarios locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno admite 200.
La CIDH ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes «de lesa humanidad».
La OEA ha puesto en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por violación al orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.