El Partido Liberal, el mayor de la oposición, tramitará este martes en el Congreso la petición de juicio político contra el presidente, Mario Abdo Benítez; el vicepresidente, Hugo Velázquez, y el ministro de Hacienda, Benigno López, por su gestión en el pacto energético suscrito con Brasil.
Los liberales entregarán el libelo acusatorio en la Cámara de Diputados, que debe decidir si el proceso continúa en el Senado, donde es necesaria una mayoría de dos tercios para alcanzar la destitución.
Sin embargo, los liberales no cuentan a priori con los apoyos necesarios en ninguna de las dos Cámaras, después de que la facción del Partido Colorado liderada por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) anunciara que votaría en contra.
El Partido Liberal continúa con su petición de juicio bajo el precepto de que Abdo Benítez, Velázquez y López incurrieron en “mal desempeño de sus funciones”, uno de los supuestos que recoge la Constitución para entablar el juicio político, según informaron este lunes fuentes de la formación en un comunicado.
El partido justificó su acusación en que las conductas de los tres “afectaron gravemente a la soberanía nacional y generaron un daño irreparable al país en su lucha por la reivindicación de sus derechos soberanos” en la represa de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil.
“Han perdido toda confianza, credibilidad, y legitimidad para representar al Paraguay”, dice el comunicado de los liberales.
Esa formación denunció que la firma del acta bilateral entre los dos países, que desató la mayor crisis del Gobierno, favoreció los intereses de Brasil, de su estatal eléctrica y de la empresa Leros, que los liberales vinculan con el entorno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
“Usaron indebidamente sus posiciones oficiales perjudicando los derechos e intereses del país en Itaipú, traicionando a la patria”, añade el comunicado.
Asimismo, en el seno de la formación liberal se ha acordado enviar todos los antecedentes del proceso constitucional a la Fiscalía, para que valore si abrir una investigación penal contra los tres mandatarios.
Hasta el momento sí que han recabado el apoyo para el juicio político de otras fuerzas de la oposición, como la formación de izquierda Frente Guasu, que encabeza el expresidente Fernando Lugo (2008-2012).
La polémica se inició el 25 de julio, cuando se filtró a los medios el acuerdo energético que establecía un cronograma de contratación de potencia de la presa de Itaipú hasta 2022, dos meses después de que lo pactaran ambos países.
Brasil y Paraguay anunciaron la semana pasada la derogación del acta bilateral para tratar de frenar la mayor crisis política del Gobierno de Abdo Benítez en su primer año de gestión.
El polémico acuerdo provocó la dimisión de cinco altos cargos vinculados a las negociaciones, entre ellos el ministro de Exteriores Luis Alberto Castiglioni.
Además, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si con la firma del acuerdo energético se incurrió en un delito de lesión de confianza, aunque no ha presentado cargos contra ninguna persona por el momento.
