La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acudió este miércoles al Tribunal Supremo y consiguió frenar la transferencia desde Curitiba, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión desde hace exactos 16 meses, a una cárcel de Sao Paulo, que había ordenado una jueza de primera instancia.
Por diez votos a favor y uno en contra, la máxima corte del país atendió el pedido de la defensa del exmandatario y decidió, en una rápida sesión, suspender el traslado del ex jefe de Estado hasta que se juzgue un pedido de “habeas corpus” que está pendiente de análisis.
Los abogados del antiguo líder sindical habían contestado la decisión judicial de la magistrada Carolina Lebbos de trasladar a Lula a una prisión del estado de Sao Paulo, donde debería dar continuidad a la pena impuesta en tercera instancia por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
Tras la decisión judicial de Lebbos, estaba previsto que Lula fuera transferido al presidio de Tremembé, situado en el interior del estado de Sao Paulo y donde cumplen pena algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil.
La transferencia había sido solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido a la prisión de Lula, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma “permanente” para evitar enfrentamientos entre “grupos antagónicos”.
No obstante, los abogados del antiguo líder sindical pidieron al Tribunal Supremo que se frenara la transferencia hasta que se analice un “habeas corpus” en el que se cuestiona la actuación del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, en el proceso que llevó a la condena de Lula.
El recurso fue analizado con carácter urgente este mismo miércoles por el pleno de la máxima corte y diez de los once magistrados votaron a favor de la suspensión de la transferencia al presidio de Tremembé.
El único juez que se pronunció en contra fue Marco Aurélio Mello, quien argumentó que Lula debería recurrir primero a un tribunal de segunda instancia antes de hacerlo ante la máxima corte del país.
El pedido de la defensa, sin embargo, fue acatado parcialmente, ya que los magistrados todavía no han analizado el pedido de “habeas corpus” formulado por los abogados.
“Lula ya dijo más de una vez en las entrevistas que cree en el Supremo Tribunal Federal y recibió con naturalidad la decisión que suspendió su traslado al presidio en Sao Paulo”, afirmó uno de los letrados del exmandatario, Manoel Caetano Ferreira.
De esa forma, Lula, de 73 años, continuará recluido en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba.
Allí ingresó el ex jefe de Estado el 7 de abril de 2018 después de pasar 48 horas atrincherado junto a la militancia en el sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, y lo hizo después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento por parte de la constructora OAS a cambio de favores políticos.
El exmandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro. La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Según las leyes brasileñas, Lula podría solicitar la prisión domiciliaria una vez que cumpla una sexta parte de la pena de 8 años y 10 meses de prisión, lo que ocurriría en septiembre próximo.
No obstante, sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
El pragmático líder del Partido de los Trabajadores se considera un preso político, víctima de una persecución judicial y política, y ha reiterado en diversas ocasiones que no está dispuesto a cambiar “su dignidad por la libertad”.
