La Junta Central Electoral, los partidos políticos y los organismos de controles del Estado no disponen de mecanismos efectivos para evitar que personas vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y el crimen organizado participen de actividades políticas o incursionen en cargos electivos.
La JCE solo precisa como prerrequisito a los precandidatos a la presidencia de la República, el Congreso y los ayuntamientos de un certificado de no delincuencia y una prueba antidoping.
Boarnerges Sánchez Nolasco, conocido como Warner (Letra W), encartado como cabecilla de la poderosa red de narcotráfico internacional y lavado de activos, promovía sus aspiraciones a senador por el Partido Revolucionario Moderno en Hato Mayor.
“La junta está pidiendo como prerrequisito un acta de no delincuencia y una prueba antidoping; es decir, si se le cuela, no solamente se le cuela al partido, también se le cuela a la Junta”, indicó el diputado por el PRM, Juan Medina.
El exjuez de la JCE, Eddy Olivares, afirmó que lamentablemente el organismo comicial no dispone de mecanismos para impedir la incursión del narcotráfico en la política.
Mientras El presidente de la Dirección Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez, dijo que tampoco cuenta con mecanismos, ni tiene potestad para determinar su un político participa de actividades ligadas al narco o el crimen organizado.
“Aún un candidato despierte sospecha, nosotros no podemos hacer nada; a menos, que un partido formalmente nos solicite depurar a x persona y en ese caso, entones remitiríamos un informe”, indicó Pared Pérez.
Dio que en algunos casos se hacen alertas cuando en un barrio, comunidad o pueblo hay alguien que “suena”, en actividades ilícitas y participa de política y entonces corresponde a la organización que pertenece hacer las depuraciones de lugar.
La DNCD tampoco da seguimiento a políticos que hacen ostentaciones o se mencione con vínculos con el bajo mundo.
“Eso no es atribución nuestra, esa es una atribución de la Junta Central Electoral”, comentó una fuente al más alto nivel de la DNCD.
ANTECEDENTES. Existen antecedentes de reconocidos narcos vinculados a la política y viceversa.
Quirino Ernesto Paulino Castillo, El Don, cabecilla del cartel de Comendador, provincia Elías Piña, fue el jefe de campaña en esa provincia y San Juan de la reelección de Hipólito Mejía en el 2004.
Aspiraba a senador por el Partido Revolucionario Dominicano, pero a finales del 2004 le fue incautado un cargamento con mil 387 kilos de cocaína. Fue extraditado a Estados Unidos donde cumplió 10 años de prisión, gracias a un acuerdo judicial con las autoridades.
En 2013 autoridades estadounidenses apresar a la regidora por el Partido Reformista en Bonao, Fiordaliza Pichardo de Veloz, acusada de pertenecer a una banda de narcotráfico el 23 de junio de 1988 en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. luego fue puesta en libertad.
El hoy diputado por el PRM en la provincia Duarte, Franklin Romero, fue acusado en el 2011 junto a otras ocho personas, de lavado de dinero en Manhattan.
Romero fue detenido en Panamá cuando iba a abordar un crucero en el 2011. Habría sido condenado a un año de prisión probatoria y suponía una libertad supervisada, por el juez Lawrence McKenna, del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, tras admitir que facilitó comunicaciones con la intención de distribuir sustancias narcóticas controladas.
Para la época se desempeñaba como productor musical y dueño del sello disquero Premium Latin, responsable de la promoción del Grupo Aventura, Eddy Herrera, Anthony Santos y Rita Indiana.
El también diputado por el PRM en el Distrito Nacional, Sergio Moya de la Cruz, conocido como Gory, fue acusado en julio de 1998 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de lavar unos US$300 millones junto a otras 14 personas.
En marzo del año 2000 tanto Moya como otras tres personas fueron descargadas “por insuficiencia de pruebas” por la Segunda Cámara Penal, a la cabeza de la jueza Ilsis Muñoz. Durante el proceso judicial, el representante del ministerio público fue Germán Miranda Villalona, procurador adjunto en materia de lavado de activos de la Procuraduría General de la República.
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