El juez de instrucción de Agrigento (Sicilia) Stefano Zammuto ha ordenado este jueves la liberación del barco de la ONG española Proactiva Open Arms que permanecía incautado en la localidad siciliana de Porto Empedocle por las autoridades italianas desde el pasado 21 de agosto, cuando un fiscal ordenó el desembarco en Lampedusa de los 83 migrantes rescatados que aún quedaban a bordo de la nave humanitaria.
En ese momento, el fiscal Luigi Patronaggio, para forzar el desembarco, decretó la incautación temporal de la nave al considerar que en ella se estaba consumando un delito de omisión del cumplimiento del deber, que castiga con penas de hasta dos años al funcionario que lo comete y del que la organización propietaria del buque no es responsable. El juez, en su auto, al que ha tenido acceso este diario, ordena la “inmediata devolución” de la embarcación a sus propietarios.
El abogado de la ONG en Italia, Arturo Salerni, ha explicado a EL PAÍS que “ya no hay necesidad de mantener la nave incautada porque ha cesado la conducta que constituía el delito”. Por el momento, la embarcación permanecerá en el puerto italiano, ya que está además inmovilizada por la Guardia Costera, dependiente del Ministerio de Transportes.
Este cuerpo de seguridad detectó “graves anomalías de seguridad” respeto al medioambiente marino y al adiestramiento y familiarización de la tripulación con los procedimientos de emergencia previstos a bordo, durante una inspección en la embarcación el pasado 22 de agosto y le prohibió navegar hasta que se subsanen esos defectos. El letrado ha señalado que el barco podrá dejar el puerto siciliano cuando se reparen esas deficiencias.
Según indicó la organización en un comunicado, las anomalías “se limitan a los separadores de agua-aceite, los ejercicios [de seguridad a bordo] realizados y las embarcaciones de rescate”. El abogado y un portavoz de la ONG han señalado que el equipo de la organización “está trabajando para solucionar esos aspectos técnicos” y que esperan que “en los próximos días” esa cuestión pueda estar resuelta. “Cuando se solucione, nos devolverán el barco y podremos partir”, ha aclarado Salerni.
Mientras el Open Arms aún estaba bloqueado frente a las costas de Lampedusa, el Ministerio de Transportes italiano ya presionó al Gobierno español para que retirara la bandera española al barco o que lo detuviera usando cualquier otro medio que considerara oportuno. A cambio, el ministro, Danilo Toninelli, ofreció las naves de la Guardia Costera para llevar a los migrantes a España.
El barco de rescate de la ONG española quedó incautado más tarde por orden del fiscal de Agrigento, después de que este subiera a bordo y comprobara la situación, que definió como “explosiva”, en la que se encontraban los migrantes tras más de dos semanas desde su rescate. El fiscal también investiga el bloqueo al que estuvo sometido el buque frente al puerto de Lampedusa hasta que él mismo ordenó su desembarco inmediato, el pasado martes.
Ahora el juez ha ratificado la decisión del fiscal de solicitar la incautación del barco en el marco de la investigación abierta contra la Administración italiana por no haber permitido el desembarco, y ha ordenado su devolución a la ONG ya que “no subsisten, tras la evacuación y el rescate de los migrantes, exigencias probatorias” puesto que “no se atribuye ninguna responsabilidad a la organización y a la tripulación”, según se lee en el acta.
Para el juez de Agrigento, el caso del Open Arms guarda muchas similitudes con otro similar ocurrido en agosto de 2018, cuando el ministro de Interior, ahora en funciones, Matteo Salvini, mantuvo bloqueados durante cinco días, frente a Catania, a un centenar de migrantes rescatados que iban a bordo de la nave militar italiana Diciotti.
En esa ocasión, la Fiscalía de Agrigento pidió procesar al ministro por los delitos de secuestro de personas, arresto ilegal y abuso de poder, aunque no fue juzgado porque su socio en el Gobierno, el antisistema Movimiento 5 Estrellas, impidió que se levantara su inmunidad.
