El largo proceso que busca depurar al estado de Assam, en el noreste de la India, de los inmigrantes clandestinos llegó a su fin con la publicación de un censo que negó la nacionalidad a casi dos millones de habitantes de está región de profundos sentimientos antiinmigrante.
Tras más de un año de incertidumbre, los ciudadanos acudieron a los centros a verificar su inclusión en medio de fuertes medidas de seguridad, con agentes policiales desplegados en todo el territorio para prevenir la agitación de los habitantes.
La versión final del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) confirmó la nacionalidad de 31,1 millones de habitantes que pudieron probar que ellos o sus padres viven en el territorio desde antes de 1971, cuando tuvo lugar la guerra de la independencia del vecino Bangladesh.
Mientras que 1.906.657 quedaron fuera de la versión final del registro, según informó en una rueda de prensa el coordinador del NCR Prateek Hajela.
Este número incluye a quienes les fue denegada su inclusión en el censo, así como a personas que no hicieron solicitudes de registro.
Partidos opositores y activistas han mostrado desde el principio su preocupación de que el proceso fuera manipulado para perseguir a las minorías de musulmanes y bengalíes que residen en Assam.
La publicación de la lista final, tras más de un año de impugnaciones llega como el segundo gran paso del segundo mandato del primer ministro de la India, el nacionalista hindú Narendra Modi, que hace unas semanas abolió la autonomía de la región de Cachemira.
Ahora, sin certeza sobre el futuro de las personas que han quedado fuera del registro, muchos habitantes temen las deportaciones o detenciones de los excluidos.
El Gobierno central ha dicho que es muy pronto para considerar a los excluidos como “extranjeros”, sin embargo indicó que las reclamaciones de estas personas quedarán en mano de centenares de tribunales para extranjeros que se instalarán a partir del lunes.
“Aquellas personas cuyos nombres han sido excluidos del NRC tendrán la oportunidad de presentar su apelación y ser escuchadas en el Tribunal de Extranjeros, según las instrucciones del Ministerio del Interior”, aseguró en un comunicado el jefe del gobierno de Assam, Sarbananda Sonowal.
A partir de ahora, las personas excluidas del censo tienen 120 días para presentar sus reclamaciones ante estos tribunales.
La organización Amnistía Internacional (AI) cuestionó la actuación de estos tribunales especiales para revisar los casos de las personas excluidas, señalando que varios informes “han demostrado que los procedimientos ante los Tribunales de Extranjeros son arbitrarios, y sus órdenes son parciales y discriminatorias”.
“Si bien el Gobierno de la India tiene el derecho soberano de actualizar el NRC, debe asegurarse de no privar a una persona de su nacionalidad por motivos arbitrarios o vagos, disminuyendo el debido proceso o si dicha privación puede generar un apátrida”, declaró en un comunicado el representante de AI en la India, Aakar Patel.
Patel llamó la atención sobre la realidad de muchos de los habitantes de Assam obligados a completar registros que establecían exigencias divorciadas de la realidad para muchos de los habitantes de esta región del país.
Assam tiene una población significativa de desplazados internos, producto de los desastres naturales o los brotes de violencia, que dejaron atrás sus viviendas y pertenecías.
“No es razonable esperar que las personas que huyen de la violencia y los desastres naturales conserven documentos de identidad originales de medio siglo de antigüedad “, añadió Patel.
En una carta dirigida en junio al Ministerio de Exteriores indio, cuatro relatores especiales de la ONU señalaron que las autoridades locales “son consideradas como especialmente hostiles hacia los musulmanes y la gente de descendencia bengalí” y que pueden manipular el sistema para “intentar excluir a verdaderos ciudadanos indios del NRC”.
La elaboración del censo se remonta a un acuerdo firmado en 1985 entre el Gobierno indio y la Unión de Estudiantes de Assam (AASU), que lideró un movimiento contra los inmigrantes indocumentados.
Según el documento, los extranjeros que habían entrado en el estado después de 1971, cuando tuvo lugar la guerra de la independencia en el vecino Bangladesh, debían ser considerados inmigrantes clandestinos y deportados.
