Las autoridades de Puerto Rico sabían que César Emilio Peralta, César El Abusador, traficaba con drogas desde el año 1997.
Esto indica que las autoridades puertorriqueñas sabían más quelas dominicanas de la red de narcotráfico y lavado de activos de César El Abusador, pues el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo, indicó que para el 2013 (16 años después), era un capo de poca monta
Conforme a la Fiscalía Federal de Puerto Rico, el cartel de César El Abusador movía toneladas de cocaína y heroína, logrando ganancias de millones de dólares. Parte de este dinero lo usaba en sobornos a autoridades y oficiales dominicanos para evitar ser arrestado y operar con normalidad.
“Peralta está en el negocio del tráfico de drogas desde 1997, aproximadamente, y su OCT (organización) genera millones de dólares del tráfico de estupefacientes. Parte de ese dinero se ha utilizado para sobornos a algunos oficiales (autoridades) para evitar su arresto y enjuiciamiento, y la incautación de estupefacientes”, indica la acusación de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, copia del informe fue publicado por los periódicos El Día y Listín Diario.
El expediente del Distrito Federal de Puerto Rico está marcado con el número 18-CR-746, el cual está a cargo del fiscal auxiliar Max Pérez Bouret. En este documento es que aparece por primera vez el segundo apellido del imputado (Adamez), ya que hasta el momento se le citaba únicamente como César Emilio Peralta.
El fugitivo capo está acusado de recibir cargamentos de cocaína y heroína desde Colombia y Venezuela, que luego eran enviados hacia Puerto Rico y Estados Unidos.
Está prófugo de la justicia desde el pasado 20 de agosto, cuando fe avisado de la ofensiva en su contra. Las autoridades realizaron allanamientos múltiples a diferentes propiedades del imputado, entre estas, las discotecas VIP Room, La Kuora, Flow Gallery, PlayRoom RD Lounge, Kaprich.
A partir de ese momento, andan tras él, un bloque de búsqueda conformado por más de 200 personas e integrados por fiscales de carrera, técnicos y oficiales de la Procuraduría General de la República, de los organismos de seguridad del Estado (DNI, DNCD, CESAC), así como agentes del FBI y la DEA.
