El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, rechazó este martes inhibirse del juicio que sigue el pleno de ese organismo a los seis acusados de recibir los 92 millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber pagado en el país.
“Tengo la certeza de no encontrarme en ninguna de las condiciones requeridas para que sea acogida la solicitud de inhibirme, de alguna de las partes”, declaró Molina en un documento enviado por la SCJ.
La solicitud para que Molina se inhibiera la formuló la barra de la defensa del senador Tommy Galán Grullón y fue secundada por los abogados defensores del expresidente del Senado Andrés Bautista García.
Los abogados de ambos acusados aseguraron que Molina tuvo vínculos cercanos con el legislador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), antes de renunciar a esa organización y ser elegido presidente de la Suprema por el Consejo nacional de la Magistratura (CNM).
Molina, sin embargo, declaró que no existe, no ha existido y no existirá elemento alguno que, en buen derecho, y en cumplimiento de la Constitución y las leyes, pueda señalarse como causa que vulnere la imparcialidad o independencia que le comprometen con la función judicial.
Consideró, además, que la inhibición es un deber personal de abstención voluntaria que tiene el juzgador frente a los casos en que se verifique alguna de las causales previstas en el artículo 78 del Código Procesal Penal.
A su juicio, el derecho es un sistema con partes que cuenta con los anticuerpos necesarios para proteger de cualquier vicio las decisiones en justicia.
“Es en sus fuentes y no en el clamor público, o el capricho de las partes, donde residen los marcos que atan las decisiones en materia jurisdiccional”, agregó.
Reiteró su certeza de no estar afectado por ninguno de los motivos o causales de inhibición, por lo que no se apartará del conocimiento del proceso.
Además de Galán y García, están acusados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el exsenador y exdiputado Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, a quien la acusación sindica como el responsable de repartir los millones de dólares en sobornos.EFE
