El Movimiento Cívico Participación Ciudadana exigió el funcionamiento de la Procuraduría Especializada en la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, considerando que es inaceptable un proceso electoral con la ausencia del ente de investigación y percusión, según lo establece la Ley de Régimen Electoral no. 15-19.
Estas declaraciones fueron emitidas por el coordinador general del Movimiento Cívico, Heiromy Castro, en el marco del conversatorio Retos de la Procuraduría Especializada en la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales.
“Para formalizar el procedimiento de creación de esta Procuraduría, el Ministerio Público se encuentra obligado a identificar dentro de su presupuesto los recursos económicos que permitan garantizar el inicio de la constitución de dicha dependencia, así como el desarrollo del proceso de organización del concurso interno para la designación del titular responsable y la contratación de la unidad técnico correspondiente”, resaltó Castro.
Participación Ciudadana recordó que el Consejo Superior del Ministerio Público es el ente responsable de crear procuradurías especializadas, tal como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público no. 133-11, sin embargo el Congreso Nacional tiene la potestad por encima de este organismo en su competencia de legislar en virtud de la Constitución de la República Dominicana, siendo quien crea la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crimines y delitos electorales, mediante la Ley Orgánica de Régimen Electoral no. 15-19, lo cual la convierte en una Ley de carácter constitucional.
Castro manifestó que la designación de un titular interino con las competencias y condiciones puede ser una oportunidad para avanzar y contribuir a la transparencia de los procesos electorales de nuestra nación, y proteger derechos fundamentales a la luz de sus atribuciones de persecución de los delitos electorales.
El conversatorio contó con la participación del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez; el ex fiscal electoral de Panamá, Boris Barrios y de la abogada y vicesecretaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Marisol Vincens.
Esta actividad es fruto del convenio interinstitucional firmado entre Participación Ciudadana y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en aras de aunar esfuerzos, a fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad.
