La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a familias de indocumentados, demandó judicialmente a la Administración del presidente Donald Trump para lograr una compensación económica para los miles de niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México.
“Queremos que estos niños sean compensados y que reciban el tratamiento mental que necesitan tras el trauma sufrido y por todos los problemas que están teniendo como resultado esta política de separación, como la depresión”, dijo este viernes a Efe Alessandra Soler, directora de ACLU en Arizona.
ACLU, uno de los grupos más importantes de EE.UU. en la defensa de los derechos civiles, presentó este jueves una demanda ante la corte federal en Tucson en la que solicitan lo que podrían ser millones de dólares en favor de estas familias migrantes que fueron separadas durante la implementación de la política de “cero tolerancia” de la Administración Trump en 2018.
Los demandantes aseguran que la Gobierno separó aproximadamente 4.000 menores de sus padres después que cruzasen la frontera de manera ilegal, muchos de los cuales centroamericanos que llegaron a EE.UU. para pedir asilo.
“Ya tuvimos otro caso legal que gananos en junio de 2018 que frenó esta política de separación. Un juez en San Diego (Dana Sabraw) ordenó la reunificación de 2.700 niños con sus familias, pero sabemos que aun hoy en día hay cerca de 900 familias que no han sido reunificadas”, explicó Soler.
Como parte de la demanda se incluye el ejemplo de “Karina”, una menor de 13 años que fue separada de su madre después de cruzar la frontera por Arizona y fue esposada para mantenerla “bajo control”. La joven permaneció alejada de su progenitora durante 16 meses.
“Estos menores han sufrido traumas psicológicos que llevarán consigo quizás toda sus vidas, por eso deben de recibir una compensación y recibir el tratamiento médico que necesitan”, dijo la directora de ACLU en Arizona.
La demanda indica que cuando los menores fueron separados de sus padres muchos de ellos fueron detenidos en instalaciones bajo pésimas condiciones y tuvieron poca o ninguna comunicación con sus padres por semanas o meses. EFE
