El Gobierno de Ecuador insistió este martes en ser el blanco de un supuesto plan de desestabilización y que las protestas de la semana pasada obedecían a un intento de golpe de Estado ideado por el expresidente Rafael Correa, quien, por contra, denunció una especie de caza de brujas contra su militancia.
“No vamos a permitir que vuelva a enseñorearse la guerra, la pandilla, el asalto y el robo”, aseguró el presidente Lenín Moreno en un discurso al recibir el respaldo de miles de ciudadanos en un acto público en las afueras del Palacio de Gobierno en Quito.
El gobernante ondeó una bandera tricolor (amarillo, azul y roja) desde el balcón de la Casa de Gobierno, a donde regresó el Ejecutivo tras haberse mudado la pasada semana a la sureña ciudad de Guayaquil por las protestas en su contra y aseguró que no tolerará una segunda revuelta de este tipo con intenciones desestabilizadoras.
“La segunda vez que quieran atentar contra la democracia, contra la vida de los ciudadanos, no vendrá, no se presentará”, apostilló el mandatario, que el pasado domingo se vio obligado a derogar la eliminación del subsidio a los combustibles que había aplicado el 3 de octubre en el marco de un acuerdo crediticio con el FMI.
La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con apoyo del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país, y otras organizaciones sociales, convocó un potente “levantamiento” en todo el país que duró once días y que concluyó con la derogación del polémico decreto.
El mandatario, que ha tenido que aceptar la protesta indígena, ha denunciado que detrás de ella yacían intereses golpistas ligados a Correa, su predecesor en el cargo, con el supuesto apoyo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La detención de Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) y líder del movimiento Revolución Ciudadana, de Correa, así como de otros militantes de esa tendencia, ha agudizado el tono del enfrentamiento político interno.
“Esos correístas están siendo juzgados por la justicia, que ahora sí es independiente”, agregó Moreno y, tras señalar que durante el correísmo “se robaron la patria”, aseguró que “mucho dinero hubo en estas manifestaciones”.
“La verdad es que no existe prado más propicio para los miserables que un pueblo que vive en paz, confiado, que ha estado viviendo durante este tiempo en libertad, democracia, tolerancia y respeto”, apuntó el gobernante.
De su lado, Correa, quien ha remarcado que la protesta indígena contra Moreno tuvo como origen el descontento social a su gestión, ha rechazado las detenciones de varios de sus correligionarios, acusados de rebelión.
Desde Bélgica, y a través de su cuenta de Twitter, Correa ha asegurado que el régimen de Moreno ha desatado una persecución contra el correísmo para intentar justificar la dura represión ejercida durante las protestas indígenas.
Incluso dijo tener dudas sobre la legalidad de la detención de la prefecta Paola Pabón, pues aseguró que el delito de “rebelión” no se ajusta a la realidad y se opone al “derecho a la resistencia” que asiste a los ecuatorianos.
Un juez de Quito dictó este martes la orden de prisión preventiva, con fines de investigación por 90 días contra Pabón, la máxima autoridad de elección popular de Pichincha, por el presunto delito de rebelión del que es investigada por la Fiscalía.
“Esto es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política. Mi único delito es ser militante de la Revolución Ciudadana”, anotó Pabón en su defensa, según un mensaje colgado en redes sociales.
Organizaciones feministas de Argentina y Perú expresaron este mismo martes su solidaridad con Pabón y denunciaron una posible persecución por parte del Gobierno y la Fiscalía.
Desde la plataforma Paridad Perú, compuesta por las organizaciones Calandria, Flora Tristán y Manuela Ramos, se solicitó garantías para la integridad de Pabón y su pronta liberación, a la que también se unió la excongresista peruana Marisa Glave, del bloque de izquierdas Nuevo Perú.
En ese mismo sentido, el Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros de Argentina acusó al régimen de Moreno de “utilizar a jueces y fiscales para encarcelar a opositores a su Gobierno” y de “impedir cualquier tipo de organización” de protesta contra los ajustes aplicados en el marco de los acuerdos con el FMI. EFE
