Por Natalí Faxas
La muerte el pasado lunes en la madrugada de Juana Domínguez a manos de su pareja Johan Manuel Ramírez despertó un mar de indignación e interrogantes que no ha tocado todavía a los jueces actuantes.
Hasta ahora ha sido el Ministerio Público que ha salido al frente de las críticas, mientras que la Suprema Corte de Justicia no ha dado señales.
El agresor de Juana Domínguez intentó matarla de 11 puñaladas en junio del 2017, fue procesado por tentativa de asesinato, porte ilegal de arma y se solicitó una pena de 30 años de prisión.
El 18 de septiembre del año pasado, se le conoció un procedimiento penal abreviado, es decir, un acuerdo en el que el acusado asumió los hechos para no extender el proceso y reducir su pena.
“En este caso particular esa figura jurídica (penal abreviado) no procedía porque la pena a imponer y por la que se declaró culpable fue de 30 años”, explicó el abogado Miguel Valerio, sujetándose a lo que dice el Código Procesal Penal, que solo admite los penales abreviados cuando la pena no exceda los 20 años.
“Parece una contradicción que el juez dice que este acuerdo se ajusta a la norma, cuando la realidad es que no, no se ajusta en nada”, criticó. El juez actuante en este caso fue Richard Berra Reyes, titular del Juzgado de la Instrucción el Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
El mar de indignaciones ha caído a las autoridades porque esta muerte es un retrato de lo que pasó hace tan solo dos meses y nueve días, cuando la abogada Anibel González fue asesinada por su expareja Yasmir Fernández, luego de salir en libertad también por un acuerdo abreviado que redujo una pena de 30 años a solo 18 meses.
Ambos acuerdos se dieron bajo la dirección de Margarita Hernández, magistrada que fue durante seis años fue titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en San Pedro de Macorís, la misma que quedó suspendida tras la muerte de Anibel. En una nota de prensa tras el asesinato de Juana, la Procuraduría informó que investigaba este acuerdo en particular.
En un reportaje realizado por Diario Libre, se detectó que solo en San Pedro se habían realizado 121 acuerdos en materia de violencia de género. “El Ministerio Público debió ver esos 121 acuerdos y un equipo de siete u ocho personas en dos o tres días podría haber tenido un diagnóstico claro de lo que pasaba ahí, porque ellos saben que se violaron los protocolos”, señaló Valerio.
Ahora, la fiscal Margarita Hernández esta presa. El Ministerio Público investiga si ella, conjuntamente con Ramón Leonardo Sánchez Reyes, abofado de Johan Manuel Ramírez y de Alexis Chanel Aponte, preso por falsificar la filma de Anibel, trabajaban en contubernio, para mercantilizar los acuerdos en materia de violencia de género. Pero desde el Poder Judicial, no se sabe de ninguna investigación a los jueces de San Pedro de Macorís que están familiarizados con estos procedimientos.
“El juez de la instrucción es una persona que se encarga de la legalidad del acuerdo, no solo se puede conformar con que se presente el acuerdo, sino que tiene que verificar si cumple con los rigores de la Ley”, explicó el abogado Miguel Valerio, como crítica a los jueces accionantes.
