Un juez de Nicaragua retrasó este jueves el juicio contra 16 jóvenes opositores por “tráfico ilegal de armas”, lo que fue percibido por sus familiares como la confirmación de un “montaje” de las autoridades, en el marco de la crisis sociopolítica local.
El juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias, Julio César Áreas, reprogramó para el próximo día 30, “por problemas de salud”, el juicio contra los opositores, 13 de los cuales pertenecen a la Articulación de Movimientos Sociales, que forma parte de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
Tanto los acusados como sus familiares sostienen que los jóvenes fueron capturados por la Policía cuando intentaban dar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre que reclamaban la libertad de los “presos políticos”, sitiadas por agentes y paramilitares en una parroquia de la ciudad de Masaya (Pacífico), hace dos semanas.
La Policía, que negó haber encontrado agua en los automóviles del grupo, sostuvo que los jóvenes traficaban varias armas, incluyendo algunas artesanales, con 18 municiones, hacia un contingente compuesto por cerca de 100 agentes con chalecos antibalas y fusiles de guerra.
“Creo que necesitan tiempo para terminar de montar este espectáculo que está armando el régimen (Gobierno), hay bastante evidencia y pruebas de que los delitos que les están imputando son totalmente falsos”, sostuvo Mario Hurtado, hermano de una de las acusadas.
En un vídeo filmado por los jóvenes al momento de ser capturados, se observa que ellos muestran algunos recipientes con agua, explican que su misión es humanitaria, y levantan sus manos en señal de que están desarmados.
Los familiares de los acusados denunciaron que los jóvenes han sido golpeados desde el momento de su captura, la madrugada del pasado día 14, y que algunos han presentado diarrea o fiebre, que en el caso de Wendy Juárez vomita sangre, mientras que otros permanecen sin ser sacados al sol.
La acusación contra la autodenominada “Banda de los Aguadores”, por ser capturados con recipientes llenos de agua, se da en el marco de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas.
Otras personas también han sido condenadas a varios años de prisión por alzar la bandera de Nicaragua, cantar el himno nacional, o liberar globos con los colores nacionales, azul y blanco, ya que las autoridades interpretan estas acciones como una afrenta a Daniel Ortega, presidente desde 2007.
En 19 meses de crisis han muerto al menos 328 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque órganos locales cuentan hasta 651, y el Gobierno reconoce 200 en lo que llama la defensa “de la paz” ante un “golpe de Estado fallido”.
Las organizaciones humanitarias, que han denunciado torturas en las cárceles de Nicaragua, también cuentan unos 160 “presos políticos”, más de un centenar de desaparecidos, miles de heridos y más de 88.000 nicaragüenses en el exilio.
Esta es la crisis sociopolítica más profunda de Nicaragua desde los años 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente. EFE
