San Salvador, EFE.- Activistas por los derechos de los migrantes en El Salvador entregaron este miércoles víveres a personas que habían sido deportadas de Norteamérica, a las que también apoyan con atención médica, en medio de la emergencia por el COVID-19.
Erika Andrade fue deportada a El Salvador en octubre pasado de México y desde entonces, según relató a la prensa, padeció depresión.
La mujer, de unos 30 años de edad, aseguró que el retorno “ha sido muy difícil”, dado que a los pocos días de llegar al país perdió a su madre por una enfermedad y quedó a cargo de dos hermanos adolescentes.
Andrade se dedicaba a la venta informal en la costera localidad de La Libertad, un sector golpeado por la cuarentena domiciliar obligatoria y del que forma buena parte de las personas sin trabajo formal en el país centroamericano.
Según el Ministerio de Economía, el país registra una tasa de desempleo de 6,3 % y el 25,5 % trabaja “por cuenta propia” sin un local fijo para desarrollar sus actividades.
“Con esta emergencia que estamos pasando ya no se puede salir, no se puede hacer nada. Así que nos toca quedarnos completamente en casa”, manifestó la joven y dijo que tras la muerte de su madre se dedica a lavar y planchar ropa a otras personas.
Andrade añadió que antes de recibir los víveres entregados por el Instituto Salvadoreño del Migrante y la Red Nacional de Emprendedores Retornados (Renaceres) se sentía “angustiada” por conseguir leche para su hija de 2 años.
“Así como se van acabando (los alimentos), así uno desea ir a trabajar, pero no se puede”, sostuvo y añadió que situaciones como la instauración de un “toque de queda” en su municipio el fin de semana pasado “le pone a uno más miedo y lo enferma”.
Explicó que tampoco fue beneficiada con los 300 dólares de un bono alimenticio entregado por el Gobierno a 1,5 millones de hogares.
El presidente del país, Nayib Bukele, ordenó el viernes al Ejército instalar un “cordón sanitario” en dicha localidad durante 48 horas, sin que las personas pudieran salir a buscar alimento.
El fiscal general, Raúl Melara, investiga la medida y llamó a declarar a los ministros de Defensa, René Merino, y de Salud, Francisco Alabí.
Salvador Carrillo, presidente de Renaceres, dijo que esta ayuda también se entrega a personas desplazadas internamente para tratar de solventar sus necesidades de alimento y medicamentos.
“Este es un proyecto que va a continuar hasta que podamos apoyar la mayor cantidad de personas retornadas”, sostuvo Castillo y detalló que tienen una base de datos de 1.500 personas en una situación “precaria” tras su retorno.
Añadió que “por el momento” esperan poder apoyar a unas 200 personas y que la pandemia del COVID-19 “ha venido a empeorar una situación que ya era delicada”.
Las autoridades salvadoreñas han reconocido que pese a la emergencia y al cierre de las fronteras, el país sigue recibiendo vuelos de personas deportadas de Estados Unidos, al menos hasta el 6 de abril pasado.
“Todas estas personas están entrando en cuarentena”, dijo a periodistas Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que administra puertos y aeropuertos.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.
