El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que “el uso de la fuerza letal está autorizado” para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios registrada desde el viernes y atribuida a las pandillas, acusadas de la mayoría de asesinatos cometidos en el país.
“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, indicó el mandatario desde su cuenta de Twitter, al señalar que “las maras están aprovechando que casi la totalidad” de la “fuerza pública está controlando la pandemia” del coronavirus.
Añadió que “el Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada” e instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a “procesar a los aliados de las pandillas” por “asociaciones terroristas” y “apología del terrorismo”.
El mandatario también instruyó que los miembros de la Policía y del Ejército den prioridad a atender la escalada de homicidios en medio de la pandemia de COVID-19, lo que supone un duro golpe a la estrategia de contención con la vigilancia de los uniformados en la calle.
Según reportes de la prensa local, que el Gobierno no ha desmentido, el viernes se registraron 23 homicidios en todo el territorio y entre sábado y domingo otros 10 en la zona oriental del país.
Bukele agregó que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada “deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados”. Sin entrar en detalles, llamó a la oposición política a “que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan al pueblo”.
Actualmente, las autoridades de seguridad disponen de unos 23.000 policías y más de 7.000 militares para la atención de la pandemia, y se desconoce cuántos serán delegados para controlar el alza de asesinatos.
Las autoridades no han detallado si los homicidios del viernes están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19. De acuerdo con informaciones de la prensa local, las principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que poseen unos 60.000 miembros, ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte.
Emergencia en prisiones
Una de las primeras medidas aplicadas por Bukele para enfrentar la subida de las muertes violentas fue la instauración de un estado de “emergencia máxima” en la prisiones a raíz de la “información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí”.
La mañana de este domingo, el Gobierno decidió mezclar a los miembros de pandillas rivales en las celdas en las diferentes prisiones del país, en las que se encontraban separados por grupos, en un intento por cortar la comunicación entre sus integrantes.
El número de asesinatos del viernes vino a romper la tendencia de la cifra diaria de homicidios de un dígito registrada durante la administración de Bukele, quien llegó al Ejecutivo el 1 de junio de 2019. También se colocó como una de la cifras más altas de muertes violentas registradas en un solo día para el actual Gobierno.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.
Preocupación por los derechos humanos
Diferentes organizaciones han criticado el uso de la Fuerza Armada durante los últimos Gobiernos como una medida para pilar del combate a las pandillas, lo que, a juicio de estas entidades, “implica un retroceso en la construcción de una sociedad democrática” y contribuye a “la aparición de nuevos fenómenos de violencia”.
La experta en temas de seguridad y pandillas Jeannette Aguilar dijo recientemente a Efe que Bukele ha adoptado “una política de mano dura que es utilizada para un marketing político con un aumento del Ejército en las calles, que al final no se justifica a la luz de ninguna emergencia nacional”.
A las críticas de las organizaciones de derechos humanos se han sumado la oposición política y otros sectores, lo que ha llevado a enfrentamientos entre órganos de Estado.
Fuente: Infobae
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