Lima, EFE.- Un grupo de clínicas privadas son investigadas en Perú por presuntamente haber realizado cobros excesivos, de entre 422 y 576 soles (entre 123 y 168 dólares), por realizar pruebas de descarte del COVID-19 que son proporcionadas y procesadas gratuitamente por el Estado.
En total, son casi 20.000 muestras de pruebas moleculares (PCR) que 88 establecimientos privados remitieron al Instituto Nacional de Salud (INS) para su procesamiento gratuito después de haber cobrado supuestamente a los pacientes como si el análisis lo hiciera la misma clínica particular.
Ante la presunta evidencia de esos cobros irregulares, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) anunció este jueves la apertura de un procedimiento para sancionar a esas clínicas.
Aunque recordó que en este caso no se puede imponer un control de precios a los servicios que prestan las clínicas privadas, SuSalud remarcó que estos no pueden ser lesivos para la moral, salud y seguridad pública, “sobre todo en tiempos de una crisis sanitaria mundial en la que los ciudadanos esperan un comportamiento ético”.
Las irregularidades fueron advertidas el miércoles por la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) en un informe de control tras solicitar a 18 establecimientos de salud privados información sobre la estructura de costos en relación al cobro del servicio por la prueba molecular a sus pacientes.
En el mismo informe señaló que tres de los cinco laboratorios acreditados por el INS inspeccionados no contaban con todos los requisitos para procesar las pruebas, entre ellos medidas de bioseguridad, condiciones ambientales y capacitación, “lo que pone en riesgo la fiabilidad de los resultados”.
POSIBLE APROVECHAMIENTO
Las 19.746 pruebas PCR enviadas por el sector privado al INS entre el 6 de marzo y el 26 de mayo representan poco más de la quinta parte del total de pruebas moleculares procesadas por esta institución del Ministerio de Salud.
Por su parte, el INS recordó en un comunicado que el análisis de las muestras para diagnosticar COVID-19 “es un servicio totalmente gratuito, público e indispensable en el contexto de la pandemia” y rechazó que las clínicas cobren por servicios proporcionados a coste cero por el Estado.
En ese sentido, el ministro de Salud, Víctor Zamora, consideró que “es lamentable que, de ser así en algunos casos, el sector privado se haya aprovechado de esta situación para cobrar un bien que es público y que es para el bienestar de la población y para luchar contra una amenaza de todos”.
La voz de alerta sobre esta situación presuntamente irregular la dio a mediados de mayo el congresista Arón Espinoza, quien pagó hasta 4.000 soles (1.166 dólares) por pruebas para su familia en una clínica privada y en cuyos resultado figuraba que el análisis había sido realizado en un laboratorio del INS.
CLÍNICAS SE DEFIENDEN
La Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACEP) emitió un comunicado donde no descartó que sus miembros hayan cobrado un coste excesivo por la toma de muestras moleculares a domicilio, pero consideró que serían casos puntuales y no algo generalizado.
Este gremio recordó que el usuario que contrata a una clínica privada para que le tome una muestra de descarte de COVID-19 debe hacerse cargo de los honorarios del personal, su traslado y el equipo de protección usado.
Al respecto, el subjefe del INS, Víctor Suárez, explicó en medios locales que las clínicas pueden cobrar por el servicio de tomar la muestra a domicilio y enviárselas a ellos, pero no por analizarla, por lo que está en discusión es si ese coste es excesivo.
El Congreso también se interesó por investigar el caso y la parlamentaria Robertina Santillana, presidenta de la comisión de defensa del consumidor, anunció que pedirá facultades para tratar estas presuntas irregularidades en mitad de la pandemia.
MINISTERIO PUBLICA TARIFARIO
Tras saltar esta polémica, el Seguro Integral de Salud (SIS), administrado por el Ministerio de Salud, publicó un tarifario para la atención de sus asegurados con COVID-19 en los servicios de unidad de cuidados intensivos (UCI) y hospitalización en las instituciones privadas y mixtas.
Perú es con diferencia el país de Latinoamérica que más pruebas de COVID-19 ha realizado por cada millón de habitantes, con alrededor de 1,1 millones de muestras tomadas, aunque la gran mayoría son serológicas (rápidas).
Este gran número de pruebas ha llevado a que Perú registre 179.000 contagios acumulados, que lo sitúan como el segundo país de Latinoamérica después de Brasil más afectado por la pandemia y el décimo del mundo. De todos ellos han fallecido al menos 4.894 confirmados por tener el virus SARS-CoV-2.
