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Fiscalía de La Vega pedirá, en breve, medida de coerción a integrantes red de lavados de activos

La fiscal de La Vega, Aura Luz García Martínez, informó que avanza en el análisis de las evidencias adicionales recogidas en los allanamientos realizados en varios inmuebles propiedad de Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, a quien el Ministerio Público señala como el cabecilla de una importante red de lavados activos producto del narcotráfico, para solicitar por ante un juez la medida de coerción de prisión preventiva.

Informó que además de López, también fueron arrestados y pedirán prisión preventiva ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega contra sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte.

En ese sentido, indicó que fueron ocupados cientos de documentos adicionales que comprometen aún más la responsabilidad penal de López en el delito de lavado de activos, además de dos helicópteros, varios millones de pesos, varias propiedades en bienes inmuebles valorados en cientos de millones de pesos y decenas de vehículos de alta gama.

La fiscal García informó que han podido establecer nuevos vínculos con el también cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis, Pablo Antonio Martínez Javier, vínculos que aportan nuevas evidencias y robustecen la investigación que inició en marzo del 2019, y que alegadamente demuestran el entramado societario y criminal entre el prófugo Pablo Antonio Martínez Javier y Miguel López.

La información señala que Martínez Javier, quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial, es señalado como el principal cabecilla de una red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada en el mes de marzo del pasado año, luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento de este tipo decomisada en el país y posiblemente en el mundo.

La institución indicó que durante las pesquisas de este caso relacionado a actividades del crimen organizado han podido comprobar que esos siete mil millones que fueron movidos en el sector financiero nacional, además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.

El Ministerio Público señaló que ha otorgado a este caso la calificación jurídica de violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.

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