La fase I de la reactivación económica en El Salvador inició el pasado 16 de junio, pero el avance se estancó luego de que el ministro de Salud, Francisco Alabí, explicara que el país centroamericano no tiene las condiciones sanitarias para avanzar a la fase II de reactivación económica.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Sin que El Salvador hubiese llegado al pico máximo de contagios por la COVID-19, Roberto fue cesado de la empresa en la que trabajó durante los últimos 25 años.
Roberto es parte de la fuerza laboral salvadoreña que se ha visto impactada por el paro económico decretado por el gobierno de Nayib Bukele para contener los contagios del COVID-19. Hasta abril pasado se perdieron 36.886 empleos por esa causa.
“Si hay trabajo nuevamente lo llamamos”, citó Roberto, recordando lo último que su jefe le dijo luego de entregarle 200 dólares por “indemnización temporal”.
De no ser por los 1.200 dólares que le envió su madre desde Estados Unidos, la supervivencia de Roberto y su hija hubiese sido imposible. “Con 200 no hago nada. Ni pagar la casa estos meses hubiera conseguido”, agrega.
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A pesar de la reapertura económica en Estados Unidos desde mediados de mayo, el envío de remesas a países como El Salvador sigue a la baja, aunque ya se registran tímidos indicios de recuperación.
A partir de julio podría empeorar el desempleo
Los despidos o contratos de trabajo suspendidos en el país centroamericano se reflejan en las estadísticas de asegurados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el cual registró en enero de este año 701.555 asegurados. Cuatro meses después la cifra bajó a 664.669. Esto representa una reducción del 5%.
Tanto el Seguro Social como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son indicadores de la empleabilidad formal en el país. Ambas reportan una disminución en torno a las cotizaciones y seguros de trabajadores.
“Es posible que haya gente que sigue en el Seguro Social y cuyos empleos se van a perder, pues la afectación se ha dado en marzo, abril y mayo, y la gente por la misma esperanza que tenía de que no durara tanto (el paro económico) no había reportado las bajas”, dijo el empresario Jorge Andrés Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).
Las empresas tienen dos meses para presentar la planilla de empleados activos al Seguro Social. Por ello Hasbún cree que el número real de desempleados en El Salvador se verá a partir de julio.
Los negocios informales representan el 70 % de la fuerza laboral. Las pérdidas en este sector aún no han sido calculadas.
A la poca actividad económica se suma la dificultad que tienen los trabajadores para trasladarse a las empresas, luego de que el gobierno salvadoreño suspendiera la circulación del transporte público el 8 de mayo.
La más reciente encuesta hecha por la gremial empresarial salvadoreña, Camarasal, revela que el 90 % de 1.096 empresa ha perdido la mitad de sus ingresos. Esto los ha obligado a operar con la mitad de sus empleados.
“Si la empresa funcionaba con 20 empleados, hoy funciona con 10. Es decir, hay 10 empleos en riesgo inminente de despido. A menos que la economía vuelva a la normalidad, dudo que esas plazas se mantengan”, explica Hasbún quien agrega un panorama aún más crítico en torno al desempleo en El Salvador: “Si hay 700.000 empleos en el sector formal y la pérdida de los ingresos es del 50 % o más, hay riesgo de perder 350.000 empleos formales”.
La fase I de reactivación económica en El Salvador inició el 16 de junio, pero el avance se estancó luego de que el ministro de Salud, Francisco Alabí, explicara que el país centroamericano no tiene las condiciones sanitarias para avanzar a la fase II de reactivación económica.
El impacto social que prevé la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) es aún más abrupto que el ocurrido en 2009 cuando el país centroamericano perdió 40.000 cotizantes en 15 meses.
“Hay una actividad muy importante que no funciona y es el transporte público. Esto le pone un freno de mano casi a cualquier actividad porque no todas las empresas pueden contratar transporte privado”, agregó Pedro Argumedo, economista senior del Departamento de Estudios Económicos.
RSA
Fuente VOA
