Redacción NDigital
Santo Domingo
El abogado Julio Cury explicó que el contrato entre la Procuraduría General de la República y cuatro abogados, para que los mismos brindaran servicios de asesoría de manera honorífica, pero con una indemnización de 5 millones de pesos si era prescindido antes de 2023, fue procurado por el Consejo Superior del Ministerio Pública.
Esta aclaración la hace en vista de los cuestionamientos que ha estado recibiendo el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ya que dicho contrato fue firmado durante su gestión.
“Los abogados ejercemos la profesión, como decía Bastonero Chenu, con el “muy legítimo derecho de obtener el precio de los servicios que prestamos”. En el caso que cierta prensa hoy destaca, el que procuró y contrató nuestros servicios no fue Jean Alain, sino el Consejo Superior del Ministerio Público, y la cláusula penal fijada fue para prevenir la revocación unilateral y arbitraria del mandato otorgado, con la consecuente afectación reputacional”, detalla Cury.
“¿Qué es una cláusula penal? La indemnización convenida por el incumplimiento de una determinada obligación. En nuestro caso, salvo que cumpliésemos las prestaciones a que nos comprometimos con manifiesta torpeza o negligencia, aplicaba la clausula penal acordada”, indicó el jurista.
Los abogados prestaron servicios a la Procuraduría con motivo del acto administrativo interpuesto por 14 fiscales y cualquier “demanda, recurso, proceso o instancia conexo” a dicho recurso y el hecho que lo motivó.
Los abogados que fungían como asesores honoríficos a la Procuraduría eran José Leonardo Martínez Hoepelman, Valentín Medrano y Julio Miguel Cury David (Julio Cury) y Eduardo Jorge Prats.
Dos de los abogados lo han expresado de manera pública su renuncia al contrato a través de sus redes sociales, mientras que los otros enviarán un comunicado sobre el particular a la Procuraduría en las próximas horas.
