Martín Adames
Santo Domingo
El hecho de que a la hora en que los ciudadanos son detenidos por circular una vez activado el toque de queda no hayan bancos ni tribunales abiertos, deja a discreción de las Fiscalías, muchas de ellas dentro de los destacamentos de la Policía Nacional, la aplicación de las multas por esta falta.
En la sección de transparencia del portal de la Procuraduría General de la República, no figuran las multas impuestas por estas faltas que vienen implementándose desde hace meses.
Lo que ha recaudado el estado por estas faltas y el fin de dichos fondos, tampoco figura en la base de “datos abiertos” del Gobierno.
Un ejemplo de lo que sucede diariamente en todos el país, es el desmantelo de una fiesta en Tamboril donde miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional arrestaron a varios exponentes del género urbano y otras 40 personas.
El propio Ministerio Público informó que a los mismos se le impusieron “las multas correspondientes”.
Otra gran fiesta en la que decenas de personas fueron detenidas y multadas por violentar el distanciamiento social y el toque de queda fue una desarticulada por el Ministerio Público de Santo Domingo Este en Sabana Perdida.
Allí fueron detenidas unas 70 personas y se impusieron multas de hasta 5 mil pesos y a los organizadores con multas de entre 25 mil a 50 mil pesos, según informó el Ministerio Público.
A esto se suman los ciudadanos que son detenidos en los retenes ubicados en los puntos estratégicos de la ciudad, y los atrapados por las unidades que patrullan los diferentes barrios.
“Es una violación los cobros de manera efectiva que ellos han venido realizando sin saber, con el agravante, donde van a parar esos fondos, porque los fiscales, a veces mandan al banco de reservas, pero otras veces ellos lo que lo reciben y lo ponen en una mascota”, explicó Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Uno de los eventos más recientes desarticulados fue la que se realizaba en las Charcas, al suroeste de Santiago con la participación de banda real.
Los que allí participaban fueron multados con 2 mil pesos cada uno, informó el Ministerio Público.
“No se sabe dónde va a parar y con que autorizaciones, porque usted no puede ser juez y parte en materia de multas, se supone que es el juez que tiene que establecerlo”, añadió Mercedes.
“Sin pasar por los tribunales, porque se sobreentiende que quien tiene que establecer multa son los jueces”,
Desde principios de agosto, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional informó que las motocicletas retenidas durante el toque de queda en el marco de la emergencia nacional, los propietarios deberán pagar la suma de 1,500 pesos.
Mientras los vehículos de cuatro gomas que resulten estar bajo la responsabilidad y entrega del Ministerio Público pagarán el monto de 3,000 pesos. En cuanto a las personas seguirán pagando lo estipulado en el decreto presidencial, 2,000 pesos.
