EFE
El gobierno del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, renunció en bloque este viernes por su mala gestión de los subsidios para las familias.
La decisión se produjo tras el resultado de una investigación parlamentaria, realizada el mes pasado, que confirmó que burócratas del servicio tributario, con supervisión del gobierno, habían llevado a miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, a la ruina financiera con acusaciones infundadas de fraude.
Cerca de 10, 000 familias habían sido obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios, lo que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios. El reporte de la investigación calificó el mal manejo, que se extendió durante una década, como una “injusticia sin precedentes”.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales comenzaron a enviar cartas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y los acusaban de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los afectados. Luego se demostró que principalmente familias de origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, considerado ilegal por discriminatorio.
La práctica continuó durante años, incluso hasta estos días. Diferentes investigadores –también periodistas y diputados a los que la propia Agencia Tributaria trató de obstaculizar la búsqueda de pesquisas- lo ven como un caso claro de “sesgo institucional”.
La abogada Eva González Pérez, de origen español, fue quien levantó la voz en 2014, años antes de que el caso estallara en la prensa nacional. Su marido dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagaban con las ayudas estatales su asistencia.
“Todas las familias tienen orígenes migratorios. Esto es un problema moral por muchas cuestiones. Si alguien del Estado te manda una carta diciendo que no tienes derecho a una cosa, te tienen que explicar por qué, y si tú puedes demostrar que sí tienes derecho, no te puede quitar esa ayuda. Pero ellos decidieron bloquear todas las subvenciones, dejando tiradas a las familias, incluso durante la apelación”, explicó a la agencia de noticias EFE.
Como abogada social, decidió ayudar a los padres afectados, quienes recurrieron a ella desesperados porque, por más que enviaban documentos de respaldo de sus gastos y justificaban su necesidad de recibir esta subvención, las autoridades fiscales mantenían bloqueada la asignación. Los mantenían en espera durante años, y también les pedían devolver lo recibido en plazos de tiempo insostenibles.
González lamentó que “en veinte años de carrera, nunca había visto algo así, ni había ido contra Hacienda” porque su especialidad era el derecho laboral y la seguridad social. Ni siquiera empezó su caso alegando discriminación racial, sino errores de procedimiento que dejaron “a toda esa gente sin poder pagar sus facturas” y el juez le dio la razón a decenas de víctimas que ahora suman ya 26,000 personas.
Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido. Aunque el gobierno neerlandés decidió compensar su sufrimiento con 30,000 euros y prometió buscar soluciones a los padres que lo han perdido todo, varias familias han decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a cinco miembros del Ejecutivo.
El caso estalló públicamente en septiembre de 2018 y provocó la renuncia de secretario de Estado de Hacienda, Menno Snel, entre acusaciones de discriminación racial.
