Por Massiel del Rosario Antigua.-El Gobierno creó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana, mediante el decreto 36-21, emitido este jueves por el presidente Luis Abinader.
La iniciativa tiene el objetivo de impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento regulatorio e irregularidades administrativas que potencien los estándares de transparencia en la Administración Publica para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos.
Se articulará con los siguientes componentes: Normalización de procesos, gestión de riesgos, debida diligencia pública, controles financieros y no financieros, canales de denuncias, códigos de conducta, auditorías internas y certificación de unidades de compra.
Conforme a lo establecido por el artículo 2 de la referida disposición, el programa “se desarrollará bajo estándares internacionales ISO de gestión de cumplimiento y antisoborno, entre otros”.
“Dichos estándares se implementarán en las unidades de Compras de cada ente y órgano del Gobierno para garantizar y promover el cumplimiento normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en la gestión pública desde la promoción de la integridad y la transparencia”, indicó.
El decreto instruyó a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) para que proceda con el desarrollo y la implementación del programa en los procesos en todas las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 340-06 y su modificación.
Ordenó que la DGCP coordine una mesa técnica con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Administración Pública, el Instituto Dominicano para la Calidad y otras entidades de acuerdo a la oportunidad para mejorar la efectividad del programa.
El artículo 6 indicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas deberá crear “un Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento Público que agrupará a los oficiales de cumplimiento público de todos los órganos y entes de la Administración Pública y cuyas atribuciones, rol y perfil serán definidos por la DGCP en su calidad de coordinadora nacional del Comité”.
