El coordinador del equipo de defensa técnica del imputado en el caso Anti Pulpo, Fernando Rosa, José Miguel Minier, llamó a la Procuradora General de la Republica, Miriam German Brito, a que ordene una evaluación exhaustiva sobre la situación médica de su defendido, así como de Francisco Pagan y Christofer Sánchez.
Se quejó de que ni en primer grado, ni la Corte de Apelación como tampoco la propia magistrada, se han detenido minuciosamente a determinar la veracidad de la situación médica de los tres pacientes indicados, que guardan prisión en Najayo.
“Hago un llamado a la procuradora General de la República a que ordene una evaluación exhaustiva, que chequee los certificados médicos que se depositaron ante la sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, una evaluación que fuera hecha por la doctora del centro de Najayo, no por un médico privado, y donde se advierte que esos tres imputados hay que llevarlos urgentemente al departamento de cardiología”, revela José Miguel Minier.
Hizo extensivo su llamado a la Dirección General de Prisiones, especialmente a Roberto Santana, para que junto a la magistrada German Brito, “no carguen sobre sus hombros esa cruz si le fallece alguno de esos tres imputados que se encuentran muy enfermos”.
“Por favor, por humanidad, estamos en pleno siglo 21, por favor llamen a la doctora que está evaluando a esos tres pacientes antes de que sea tarde”, insistió.
Tras citar lo ocurrido con Francisco Pagan en el día de ayer, el jurista recordó haber señalado que hay tres personas que son una bomba de tiempo y “ayer le toco a Pagan con una isquemia cerebral que viene porque tiene más de tres décadas con hipertensión, además del stress, la diabetes y la mala alimentación de la cárcel”.
“¿Qué gana uno con que un imputado muera en la cárcel si va a quedar impune el hecho? Nadie gana absolutamente nada con eso por lo que es preferible buscarle mejor salud y calidad de vida y si de verdad encuentran pruebas vinculantes al ilícito penal, entonces el caso no se queda”, afirmó.
Tras sostener que los citados imputados están siendo torturados con el trato que reciben, advirtió que la Constitución prohíbe la pena de muerte y la tortura, “y a ellos se les está torturando y eso lo prohíbe la Constitución y los convenios internacionales”.
En el caso particular de su defendido Fernando Rosa, José Miguel Minier insistió en que se trata de una persona hipertensa por tres décadas, diabético y con una tiroideos crónica a la que no se le puede maltratar cono se está haciendo.
“No se puede jugar con la vida de un ser humano porque eso es inhumano, además de que es una práctica que castiga la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal de los Derechos Humanos y el Bloque de Constitucionalidad”, indicó.