En la actualidad, la justicia dominicana ha ventilado una serie de casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público en diversas zonas del país y otros procesos que vincula a funcionarios dominicanos en delitos en el exterior.
El Gobierno ha dejado claro su pretensión de apoyar los esfuerzos que se tengan que hacer a favor de la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia.
Debido a los compromisos adquiridos por la Procuraduría General de la República, en el Distrito Nacional se acumula la mayor cantidad de casos que están siendo procesados por los fiscales que conforman la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Operación Anti pulpo
Se trata del proceso de investigación que dio con un entramado de corrupción administrativa que permitió a exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros enriquecerse con base en sus vínculos con el poder político.
La Pepca presentó ante un juez de instrucción, el expediente de la denominada “Operación Anti Pulpo”, que llevó a desarticular un entramado de corrupción en el que están incluidos los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez (quien encabeza el expediente) y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Junto a los hermanos Medina Sánchez, en el caso figuran Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
La investigación del Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios con el Estado.
Junto a Alexis Medina Sánchez son procesados en el Caso Pulpo Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oisoe. También, Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Además son procesados por su vinculación al entramado de corrupción, Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, quienes se encuentran en arresto domiciliario.
Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.
José Alejandro Vargas, entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso las medidas de coerción el pasado mes de diciembre y posteriormente fueron ratificadas en marzo de este año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu.
Operación Coral
Implicados en Operación Coral
Se trata de un operativo que se desarrolló el pasado mes de abril en el transcurso de 27 allanamientos realizados en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, en los que las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.
El órgano de la persecución penal abrió el expediente denominado Operación Coral donde figura el arresto del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público solicitó a la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que le imponga un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja.
El general Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Tenner Flete, Alejandro Montero y Rossy Guzmán Sánchez les fue impuesto la coerción de 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres, mientras que la pastora en Najayo Mujeres.
Raúl Girón Jiménez, el principal testigo del Ministerio Público le fue impuesto arresto domiciliario.
Operación Caracol
Ex miembros Cámara de Cuentas prefieren callar ante imputaciones de la Pepca por corrupción
La denominada Operación Caracol, puesta en marcha por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo y a los funcionarios de la pasada gestión que encabezaba Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
La Pepca allanó a la Cámara de Cuentas amparada en la Resolución 01-2021, emitida el 18 de este mes de febrero de 2021, por la jueza de la Suprema Corte de Justicia, María G. Garabito Ramírez.
Además de Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.
La Pepca, encabezada por Wilson Camacho, mantiene trabajando a un equipo de técnicos de diferentes áreas que profundizan el análisis de la documentación ocupada en la Cámara de Cuentas durante el allanamiento.
En este caso, el Juzgado de Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, se declaró incompetente para conocer el expediente contra los ex miembros de la Cámara de Cuentas, por haber estos cesado en sus funciones.
Ante esta declaratoria, el caso que instrumenta el Ministerio Público deberá ser conocido por un tribunal ordinario en caso de que el órgano persecutor y se encuentra en el círculo de espera.
Operación 13
El 13 fue el número del palo que mafia colocó en el sorteo del sábado de la Lotería Nacional
El Ministerio Público ejecutó este sábado la “Operación 13” donde realizó 15 allanamientos y arrestó a varias personas vinculadas a fraude detectado en sorteos de la Lotería Nacional.
Entre los arrestados están: Luis Maisichell Dicent, quien fungió como administrador de la Lotería Nacional.
Maisichell Dicent había sido suspendido del cargo por el Poder Ejecutivo por 60 días mientras dure la investigación por parte del Ministerio Público sobre el fraude millonario del pasado primero de mayo.
Además fueron arrestados William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía,Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.
Las investigaciones se originaron a partir de denuncias sobre un presunto fraude en la extracción de la tómbola del primer premio, precisamente el número 13, en el sorteo del 1 de mayo.
En el video de la transmisión, de acuerdo con la Procuraduría, se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa otro bolo con el 13, “número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias”.
Se esperaba que este miércoles la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conociera la medida de coerción contra los implicados en la mafia de sorteo de números de la Lotería Nacional, denominado “Operación 13”, pero fue aplazado para el 18 de de junio a las 11 de la mañana.
Caso EDEs
El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, realizaba contrataciones con empresas de los hermanos de la exprimera dama Cándida Montilla
El Estado Dominicano presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.
Los imputados son Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que fueron parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.
Se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.
En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.
Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.
Estafa con Tarjetas de Solidaridad
En Monte Plata se lleva a cabo un proceso de investigación por, donde en la sucursal del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), fue descubierto un fraude perpetrado por varios empleados de la entidad por más de RD$8.4 millones, por lo que dos personas se encuentran detenidas y otras tres se encuentran prófugas.
Esta banda se dedicó a emitir 19 préstamos, en el mes de marzo, en contubernio con una empleada del Banco de Reservas, a personas fallecidas y otras que no eran notificadas, por un monto ascendente al valor antes mencionado, de los cuales fueron cobrados en efectivo más de RD$5.2 millones por cajeros automáticos.
Por el hecho están detenidos José Miguel Moreno Castillo, a quien se señala como cabecilla de la banda, y Nelson Julio Ortíz Mercedes, alias El Cojo, quien procedía a retirar los préstamos que se emitían desde Promipyme, mientras se encuentran prófugos de la justicia Víctor Alcántara, Cristian Manuel Santos Arias y Kisairys Elena Mieses Saturria, quien era empleada del Banco de Reservas y firmaba las emisiones de los préstamos.
El fraude se detectó debido a que una señora fue a reclamar al Banco de Reservas el mal uso de su tarjeta de débito y por sorpresa descubrió que tiene un préstamo de RD$500,000 sin ella haberlo solicitado, siendo el nombrado Víctor Manuel Alcántara quien la atiende.
En total, se identificaron 19 préstamos de Promipyme, desembolsados con similares características, con garantías solidarias, y del monto total desembolsado, se lograron bloquear o prevenir unos RD$3,035,676, los cuales fueron reservados en la cuenta de pasivos del Banco de Reservas, hasta tanto se concluya el proceso de revisión.
También se detectó que los préstamos otorgados de forma irregular, fue retirada la suma de RD$5 millones 202,967 pesos por cajeros automáticos.
El documento también señala que la banda se aprovechó de una feria de préstamos otorgados por Promipymes en marzo del presente año por más de RD$26.5 millones para filtrar y mezclar los expedientes falseados con los que agotaron su proceso normal.
Los involucrados están siendo acusados de estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos, ilícitos que están contemplados en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
Caso López Pilarte
El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de la Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de haber ingresado al sistema financiero nacional más de RD$ 2,593 millones de las actividades narcotráfico.
En el expediente acusatorio, los fiscales sindican que Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Micky López, no ha podido justificar la integración en la economía dominicana de esa cantidad de dinero, pues, es médico de profesión y lo que establece la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en toda su vida, no ha sido máximo treinta mil pesos RD$30,000.00.
“Rosa Amalia Pilarte López quien resulta ser la esposa de Micky López y madre del acusado José Miguel López Pilarte es miembro activa de la organización criminal liderada por su pareja sentimental”, establece el expediente.
Pilarte López fue la segunda candidata a diputada más votada de la circunscripción No. 1, en provincia La Vega.
La candidata, que ocupaba la casilla número 4, obtuvo 15,703 votos, lo que la convertiría en la segunda diputada electa con mayor cantidad, superada solo por Agustín Burgos Burgos, quien ocupaba la casilla 3 y logró 18,365 votos.
El Ministerio Público atribuye a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte López y sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte conformar la estructura criminal, entramado societario y empresas fantasmas de mayor impacto de lavado en cuanto al crimen organizado en el territorio dominicano, con ramificaciones internacionales.
La familia López Pilarte establecieron una estructura de lavado creando las empresas, todas manipuladas por Miky López: Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Selecto, SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette SRL (empresa de carpeta) y Servi Crédito Gloria Ivette SRL.
En esta compañía figuran como socios mayoritarios los Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte, quienes registran movimientos bancarios millonarios, desconociendo el origen lícito, precisamente porque los mismos son obtenidos a través de actividades criminales, como el narcotráfico y la defraudación fiscal.
Las autoridades establecen que Miky López ha movilizado conforme a la información financiera obtenida a través de las Certificaciones de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, valores ascendentes a 149 millones 948 mil pesos durante el período de los años 2007 al 2019, presentando fluctuaciones inusuales en sus operaciones, según lo observado en las informaciones suministradas por dicha entidad.
Su esposa, la congresista Piarte movilizó dos mil 593 millones.
Miguel Gutiérrez sometido a prisión en EEUU
La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en coordinación con La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD y la Procuraduría General de la República, detuvieron a un legislador dominicano en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas.
Miguel Gutierrez Diaz, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue arrestado cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami y fue detenido de inmediato por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones en su contra.
La detención del legislador Gutierrez Diaz forma parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana.
La Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, dispuso que diputado dominicano Miguel Gutiérrez, continúe en prisión preventiva en Miami, tras acusación de narcotráfico internacional.
El dispositivo judicial implica la posibilidad de revisión de medida en el futuro.
