El administrador de la Lotería Nacional, Teofilo “Quico” Tabar, condicionó este viernes su permanencia en ese cargo a si esa entidad deja de transmitir los sorteos de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca).
Tabar se definió como un administrador provisional del cargo, y señaló que si la Lotería Nacional cumple su rol y deja de transmitir los sorteos seguirá colaborando con la entidad en calidad de miembro del Consejo de Directores.
“Administrador provisional. Consulte al consultor jurídico si es o no es así… consulte al consultor jurídico si eso no es así. Yo fui ahí de manera provisional. Fui ahí por una petición de un amigo ante una situación especial. Yo imagino que para que yo actúe. Yo estoy diciendo primero no me puedo vincular… si la misión de la Lotería es seguir haciendo eso (los sorteos de Fenabanca) yo no puedo continuar ahí más allá del tiempo que acordamos”, dijo el funcionario.
El administrador de la entidad dijo que no ha hablado de suspender los sorteos de Fenabanca, sino de suspender la transmisión que hace la Lotería Nacional “para que lo hagan los dueños de esos negocios”.
Dijo que el foco de infección que encontró en esa institución está en la celebración de los sorteos, “y no debe ser la Lotería que no es la dueña de las bancas, ni tiene que ver con la venta de números”. “Eso tienen que hacerlo ustedes y ellos están de acuerdo”, dijo Tabar que le ha dicho en la Federación Nacional de Bancas de Lotería.
“Tengo cartas de ellos donde dicen que sí. Y les he dicho que deben discutirlo con Hacienda. Yo sostengo la idea de que el administrador de la Lotería no debe tomar decisiones que comprometen en cierto modo al gobierno o al Estado si no está amparado por un poder y el organismo supremo de la Lotería es Hacienda”, insistió durante una entrevista en el programa radial La Súper 7 en la Mañana.
Ayer, mediante una carta dirigida al presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Rubén Jiménez, el administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, dio por terminada la relación contractual entre ambas instituciones.
“En virtud de que no existe ningún Poder Ejecutivo Especial autorizando a los Administradores de la Loteria Nacional a suscribir contratos con FENABANCA, tanto en febrero del año 2000 como en diciembre del año 2005, y en virtud de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación con FENABANCA que no sea la realización y transmisión de los sorteos, estamos dando por terminada la relación contractual”, se lee en la carta.
El administrador general de la Lotería Nacional también informó por esa vía que en un plazo de 30 días la entidad que dirige suspenderá la realización y transmisión de los sorteos diarios, sólo efectuando aquellos que sean de su propiedad en el tiempo y forma que la institución considere.
Operación 13
El pasado viernes 18 el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medida de coerción en contra del grupo acusado de estafar a múltiples bancas de lotería del país en un fraude millonario que involucró a la Lotería Nacional y a Fenabanca.
Los 10 implicados en el caso “Operación 13” participaron en un sorteo fraudulento del sábado 1 de mayo que causó pérdidas estimadas deRD$500 millones y US$5 millones.
El tribunal dictó un año de prisión preventiva a cumplirse en el centro penitenciario Najayo Hombres para el exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent; William Lizandro Rosario Ortiz, expresidente de Fenabanca y Eladio Batista Valerio (el Gago).
Presentación periódica para Rafael Mesa Nova, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, a este último se le impuso un pago de garantía de medio millón de pesos e impedimento de salida.
A Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio se les dictó arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico.
Luis Maisichell Dicent fue designado por Luis Abinader con el decreto 388-20 como administrador de la entidad y con otro decreto, el 334-21, lo suspendieron por 60 días mientras duraran las investigaciones en su contra.
Finalmente fue cancelado por el presidente Abinader con el decreto 379-21 y en su lugar se nombró a Tabar como administrador oficial.
