Por Javier Herrera. A raíz de las investigaciones en la Operación Medusa, la República Dominicana fue colocada en vergüenza internacional, propiciada por el supuesto entramado encabezado por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La afirmación pertenece al Ministerio Público que, según detalla en las casi 300 páginas del expediente contra los imputados en el citado caso de corrupción contra el Estado, “distrajeron fondos de agencia internacional, con lo que, además de cometer un delito” dejaron al país mal parado, y convirtieron la Procuraduría General de la República (PGR) en el centro de operación de la supuesta estructura criminal.
Esas son parte de las características que presenta el órgano persecutor en contra del exprocurador y la supuesta estructura, y detalla: “Trasformaron la misión de la organización con un objetivo inverso, ya que, en la práctica, la PGR paso de la obligación constitucional de perseguir los crímenes y delitos a materializarlos a gran escala”.
El expediente precisa que, además, la PGR fue usada en la gestión de Jean Alain como una especie de comando político.
Además, dice el Ministerio Público, distrajeron “cuantiosas” cantidades del presupuesto de la entidad en detrimento de recursos básicos para perseguir los hechos delictivos.
Otro de los comportamientos de a lo que el órgano persecutor le llama entramado, fue la creación de proyectos sin identificación, y pone el ejemplo del Plan de Humanización (con el que se busca la modificación de algunos centros penitenciarios), proyecto que usaron para extraer millones de pesos para beneficio personal.
De las detalladas acciones que ejecutaba la gestión de Jean Alain, según el expediente, fue la construcción del principal centro penitenciario de dicho proyecto en terrenos privados, provocando una ola de reclamos de algunos ciudadanos por ser afectados al ser despojados “de manera irregular”.
La instrumentación hecha por el MP, dice que la supuesta estructura criminal también promovió la figura del entonces procurador general de la República con publicad de la que invirtieron cantidades de dinero inconsistente con los indicadores.
De los años 2016 al 2020, se privaron investigaciones hechas por fiscales para no obtener pruebas científicas, debido a la sobrevaluación y acciones ilícitas de la construcción del laboratorio de ADN para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y crearon nóminas ficticias para desviar los fondos de la PGR, dice la acusación.
También, se caracterizaban por eliminar copias de expedientes de hasta 30 años con el propósito de eliminar evidencias de sus hechos cometidos, presenta el documento con cerca de 20 características, organigrama y versiones de testigos.
El Ministerio Público afirma que el grupo, supuestamente, “estuvo a punto de colocar a la PGR en una pérdida irreparable de memoria histórica”.
Pero además, el expediente explica cómo crearon empresas fantasmas vía testaferros para ellos mismos venderles a la entidad, violando la Ley General de Compras y Contrataciones y de lavado de activos.
Se recuerda que la fiscal Mirna Ortiz de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), luego de depositar la acusación contra todos los imputados, dijo a la prensa que son unos 6 mil millones de pesos que involucra la supuesta estafa de a los que ellos llaman “un entramado criminal” contra el Estado, encabezado por Jean Alain, de quien uno de sus abogados dijo que se trata de “algo personal” de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Pepca contra el exprocurador general de la República.