PGR pagó a Miguel José Moya casi RD$20 millones para “recuperar la reputación institucional”

El expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados de la Operación Medusa del Ministerio Público señala que al imputado Miguel José Moya la Procuraduría General de la República (PGR) le pagaron casi RD$ 20 millones por “trabajar en el aspecto reputacional en la recuperación de la reputación de la institución.”

Según las investigaciones, quedaron al descubierto irregularidades graves que se dieron en los contratos entre la PGR (con la participación de Jean Alain Rodríguez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Alexander Solano Augusto), con la empresa Desarrollo, Individuo & Organización, DIO, SRL, a quien le destinaron la suma exacta de RD$19,683,600, sin impartir los servicios de talleres y cursos.

El Ministerio Público en su proceso de investigación citó a Miguel José Moya, Gerente de la empresa Desarrollo, Individuo & Organización / DIO, S.R.L., quien compareció en compañía de su abogado Cándido Simó, y en el transcurso de su interrogatorio manifestó, entre otras cosas, que en noviembre del año 2017 fue contactado por Rafael Stefano Canó Sacco, con quien se reunió primero y luego se dio la reunión con el entonces procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez; que fue informado directamente por Rafael Stefano Canó Sacco sobre el hecho de que se iba a abrir una licitación. “Una vez ganamos la licitación lo que lo que encontramos es que el Procurador quería crear un show de marketing e imagen con el caso Odebrecht”; “No, no impartí docencia”; “diseñé una estrategia de estabilizar el clima laboral que contenía vados componentes, incluyendo el diseño de un proceso de capacitación, no facilitar la capacitación sino diseñarla y el segundo componente trabajar en el aspecto reputacional en la recuperación de la reputación de la institución”.

Se recuerda que Miguel José Moya, fue apresado y trasladado hacia Santo Domingo, luego de que las autoridades realizaran un allanamiento a su residencia, ubicada en Jarabacoa.

La Procuraduría realizó diversos procesos de contratación en cumplimiento de la Ley 340-6 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones y reglamentos.