Este martes Kenya Romero, quien fungió como jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva como medidas de coerción para Jean Alain, Jonnathan Rodríguez, Forteza Ibarra y Alfredo Alexander Solano Augusto, implicados en la Operación Medusa.
Los imputados tendrán que cumplir la medida en la cárcel de Najayo-Hombres.
De acuerdo al expediente del Ministerio Público, Alain Rodríguez habría actuado en combinación con dos funcionarios de la PGR, identificados como Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martín Rosas Llanes, director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público para emitir de manera ilegal un cheque por valor de RD$34, 522,364.30.
Según el órgano persecutor, el cheque se hizo a favor de la empresa Fire Control Systems, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurridos por la referida empresa, por remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en Bella Vista, Distrito Nacional.
Asimismo, el documento dicta que la relación entre la PGR y Fire Control Systems nació a raíz del inmueble ubicado en el referido sector, el cual está a nombre del Estado Dominicano tras el decomiso de los bienes de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Para la emisión del cheque, detalla el documento, incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, la cual consta de supresión y suplantación de del contrato original de acuerdo a custodia y operación de bien inmueble, el 31 de octubre de 2019, “el cual consta de seis páginas debidamente rubricadas por la PGR representada por Alejandro Rosa Llanes y Jonnathan Rodríguez Imbert y Fire Control Systems, representada por Héctor Antonio Germán Doñé”.
El Ministerio Público presentó más de 5,800 páginas de pruebas para el caso en el que, además del exprocurador Rodríguez, figuran como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El expediente del órgano persecutor detalla que el exprocurador, junto a los hoy imputados en la Operación Medusa, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Alexander Solano Augusto formaron una coalición empresarial conjuntamente con Miguel José Moya, formando una trama para defraudar al Estado, mediante pagos por servicios no prestados a la Procuraduría general de la República.
La empresa Desarrollo, Individuo & Organización, DIO, SRL. Solicitó gestionar la contratación de servicios en “talleres y seminarios para el desarrollo del personal de PGR”, cuyo pago establecido era en RD$3,728,400, el cual sería pagado en tres cuotas de RD$1,242,800 cada una.
De acuerdo a la investigación, los pagos fueron realizados y nuevamente renovado el contrato por la misma cantidad de dinero y con las mismas condiciones de pago.
En ambas circunstancias declararon los informes de gestión que los talleres y cursos habían sido impartidos al personal y habían sido pagados en cheque. Sin embargo, indica la investigación del Ministerio Público que el imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, actuando como representante de la PGR, emitió un documento titulado “Reconocimiento de de deuda”, donde señalaba un monto adeudado por la empresa Desarrollo, Individuo & Organización, DIO, SRL de RD$2,485,600.
Justificaron que su derecho a pago correspondía a los servicios de cuatro meses que correspondían a RD$1,242,800.
