El jurista Plutarco Jáquez, representante legal de la señora Diolandita Cabrera, madre de la niña Carla Masiel, raptada y asesinada en el año 2015, denunció este martes ante el Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que el Ministerio de Educación le está cobrando a su cliente una comisión de un 30 por ciento de sus prestaciones laborales, a casi un año de haber sido cancelada de esa institución.
Jáquez explicó que dicho cobro se lo están exigiendo a los más de 39 mil desvinculados de esa institución, alegando que para entregarle los cheques deben dejar dicha comisión, suma que se traduce a unos mil 185 millones de pesos en total.
Cabrera, fue cancelada en noviembre del 2020 del cargo que desempeñó por más de cinco años como personal de limpieza en una escuela ubicada en Pedro Brand, devengando un salario de 12 mil pesos mensuales.
La afectada declaró que tras haber acudido en diversas ocasiones a la sede del Ministerio de Educación sin recibir respuesta positiva, un joven del área de Recursos Humanos le comunicó que la única forma de obtener sus prestaciones era si le entregaba el 30 por ciento del mismo.
