El Seguro Nacional de Salud (Senasa) resolvió la situación de la joven Alexandra Katerina Mejía, quien denunció a través de N Digital las deficiencias del sistema médico de la Clínica Abreu y la falta de respuesta por parte del Gobierno para saldar una deuda de los procedimientos médicos de su padre, quien falleció a causa de un paro cardíaco.
Las autoridades del SeNaSa, acudieron al llamado de Mejía, quien no contaba con los recursos económicos para solventar los gastos de la factura pendiente en la clínica, donde falleció su padre hace 15 días, después de haberse colocado la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19.
La familia del occiso, Alejandro Mejía, hizo la denuncia que no contaba con los recursos para pagar la factura pendiente en la clínica, la cual rondaba por los más de RD$2,400,000, gasto por el cual se vieron obligados a firmar un documento, que debían pagar en solo siete días para poder sacar el cadáver y tener un entierro digno.
El señor Mejía estuvo ingresado en la Clínica Abreu bajo el diagnóstico de shock séptico, neumonía bacteriana (dependiente de ventilación mecánica), insuficiencia renal crónica agudizada en hemodiálisis y diabetes mellitus II descompensado.
Todo comenzó cuatro días después de que su padre se colocó la tercera dosis del COVID-19, el día 5 de julio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuando comenzó a presentar problemas respiratorios y recibió primeros auxilios.
Alrededor de las seis de la tarde del viernes 9 de julio, llegaron a la Clínica Abreu, donde inmediatamente pidieron un depósito de siete mil pesos, alegando la falta de seguro médico, sin saber que el señor estaba afiliado al régimen subsidiado de SeNaSa, sin embargo, la clínica tenía en su posesión el documento de identidad de Alejandro.
Su padre se mantuvo mucho tiempo confiando en que iba a ser atendido, esperando la llegada del doctor Oscar Reyes, quien estaba a su cargo, mientras el paciente solo desmejoraba y su cuerpo comenzaba a inflamarse aceleradamente.
Casi dos horas después, alrededor de las 8:00 p.m., llegó el doctor, quien hizo un examen clínico, y pasada aproximadamente una hora indicó que debía ser ingresado de inmediato a cuidados intensivos por falla cardíaca, falla renal y neumonía bilateral.
Luego de esto, les indican a los familiares que deben movilizarlo a la Clínica Caribe, ya que sería de menor costo por la condición del paciente, pero la misma dijo que no tenían ambulancias disponibles, agregado a que corría con el riesgo de fallecer en el trayecto.
Alrededor de las 10:00 pm la clínica pidió un depósito de 200 mil pesos para ingresarlo a la UCI y el monto de emergencias, a lo que en ese momento respondieron que solo contaban con 100 mil pesos y al día siguiente podían saldar lo restante, y la clínica accedió.
Al momento de saldar el monto, la clínica completó el ingreso del paciente, sin embargo, 20 minutos después notificaron que necesitaría tres diálisis de urgencia por shock séptico y que el centro no poseía un técnico en diálisis, que solo había uno que vivía en Gualey, y por el toque de queda, no podía trasladarse al centro.
Luego de varios procedimientos para conseguir las diálisis, inician los procesos para aplicárselas, pero a la tercera, les piden un depósito de un millón de pesos, pero solo pudieron reunir 400 mil.
Por sugerencia de un familiar, procedieron a acudir a ARS SeNaSa, donde se enteraron que su padre estuvo afiliado al régimen subsidiado desde septiembre del 2020, dato que desconocían.
“La persona que nos atendió nos comunica que la clínica debió de informarnos del dato y que, al mismo tiempo, no debieron cobrarnos por los servicios de emergencia, y por la situación que estamos pasando, abrimos un caso de solicitud de auditoría de concurrencia con SeNaSa”, indicó la hija.
Finalmente, luego de una leve mejoría después de haber procedido con las diálisis, Alejandro falleció la mañana del 20 de julio, alrededor de las 11, y la clínica informó que para retirar el cadáver, debían saldar completamente la factura.
Los familiares del difunto procedieron a llegar a un acuerdo, firmando un pagaré notarial, ya que la clínica les obligó a hacerlo para poder retirar el cadáver, sin embargo, luego de esto se ha vuelto una odisea para ellos, ya que no cuentan con los recursos para poder pagarlo.
“A parte de que pierdo a mi papá, tengo una deuda que no puedo pagar, y yo perdí a mi papá con 54 años, esto es horrible y el Gobierno me dio la espalda”, concluyó la hija del fallecido.
