Once días han transcurrido desde que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), realizara unos 49 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, dando paso a la segunda fase de la operación Coral.
Bajo el nombre de Coral 5G, el Ministerio Público continúa destapando el entramado de corrupción militar y policial, que involucra altos rangos castrenses.
Estas investigaciones que iniciaron tras un trabajo realizado el pasado mes de julio en el programa Nuria Investigación periodística, han dado como resultado el arresto de casi una veintena de personas entre civiles y militares.
De acuerdo a las pruebas depositadas por el PEPCA en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, los involucrados incurrieron en asociación de malhechores, robo, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, violación a la ley de declaración jurada, lavado de activos, entre otros delitos propios de los actos de corrupción con los que movilizaron unos 4,500 millones de pesos.
La principal figura de la operación Coral 5G, es el general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), quien estuvo ocupando dicho cargo desde agosto del 2014 hasta abril de este año.
Robiou, está casado con Greybby Maria Cuello Coste, quien fue la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), durante 4 meses en el 2020.
Según el Ministerio Público, el exdirector del CESTUR utilizó la empresa Único Real State E Inversiones SRL, la cual tiene como propietarios a la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, los cuales, actualmente guardan 18 meses de prisión preventiva en Najayo Mujeres y Hombres respectivamente, por su vinculación a la operación Coral.
La PEPCA indica que Robiou adquirió un lujoso apartamento en el condominio Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, Samaná, pagaba cuentas personales como las tarjetas de crédito de él y su esposa, mantenimiento apartamentos, hipotecas, depósitos fijos en el Banco Popular con el concepto de las villas que posee la pareja en Arroyo Naranjo, Jarabacoa; compras de ropa, zapatos y accesorios de marcas vistosas y las matrículas del colegios de los hijos de la pareja, todo, alegadamente con fondos distraídos de la entidad que dirigía y del CONANI y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP).
En el expediente también figura además de que Greybby María Cuello, replicó en el CONANI el mismo modelo de corrupción, instalado en el CESTUR y CUSEP, pues de acuerdo a los reportes, Cuello manejó en la institución, durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020, recursos por alrededor de más 405 millones de pesos.
Otro implicado en Coral 5G es Julio Camilo De Los Santos Viola, general de brigada de la Fuerza Aérea de República Dominicana, que pertenecía al CUSEP desde agosto del 2012.
Mediante el cálculo de los salario devengados por Viola durante2012 hasta abril de 2021, su patrimonio debería rondar los 22 millones de pesos, sin embargo, los documentos indican que el mismo aumentó a más de 737 millones.
Este general posee diversos inmuebles a su nombre, y según el Ministerio Público, también utilizó a sus suegros Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, para ocultar la compra de propiedades millonarias poniéndolas a sus nombres.
De los Santos Viola también se encargaba de tramitar nombramientos a militares, quienes debian entregar parte de los salarios.
El expediente también vincula a la gerente de la sucursal del Banco de Reservas ubicada en la Estación de Combustible Texaco de la Avenida 92 Venezuela, en Santo Domingo Este, Esmeralda Ortega Polanco, alías 550, quien supuestamente facilitaba las operaciones financieras para evitar los controles y supervisiones.
Otro de los señalados es el general de brigada Boanerges Reyes Batista, subjefe del CUSEP desde agosto del 2012 al mismo mes del 2014, quien también fue director general del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro (CESMET) hasta 2016, y alegadamente compró terrenos millonarios y se le atribuye la construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste.
El capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, es otro de los imputados, fue encargado de la avanzada del CUSEP desde el 2010 hasta 2016, y también llegó a adquirir bienes millonarios producto del dinero desviado por la red de dichos organismos.
El quinto militar vinculado es el Coronel Paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz, alías el ayudante, adscrito al CESTUR desde 2014 hasta 2021, como ayudante del director general y Encargado de Mesa. Manejó casi 305 millones de pesos por conceptos de fondos de las raciones alimenticias en el CESTUR y compró bienes que, de acuerdo al Ministerio Público, no puede justificar con sus ingresos propios ni sumados con los de su esposa.
Un terreno de 25 tareas y varios vehículos, son de las propiedades que la PEPCA indica como posesiones de Lantigua Cruz.
El coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, es el sexto miembro de la entidad castrense que se encuentra ligado a Coral 5G. Estuvo en el CESTUR desde agosto de 2014 hasta junio de 2021, siendo persona de confianza del general Torres Robiou y que lo nombró encargado de Recursos Humanos.
Este recibía sus beneficios producto del entramado de corrupción en efectivo, con la intención de no dejar rastro, sin embargo, llegó a recibir depósitos de miembros de la red. Alcántara también posee inmuebles y vehículos.
Esta estructura no solo contaba con la participación de militares y la gerente del banco, sino también con representantes de empresas privadas como César Félix Ramos Ovalles, quien recibió por parte del CESTUR pagos por más de 29 millones de pesos, por la supuesta compra de tickets de combustible a través de la Estación de Combustible La Marinita, en Sans Souci, un servicio que no se brindaba.
Ovalles repitió este mismo modelo en la Armada, Amet, la Dirección General de Drogas, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Hospital Ramón de Lara, a través de las cuales se le adjudicaron más de 706 millones de pesos.
Coral 5G, vincula unos 13 imputados, aunque es una investigación que continúa abierta y podrían haber más implicados, según informó el Ministerio Público.
En este caso, el órgano solicita 18 meses de prisión preventiva contra todos los señalados y declaratoria de caso complejo.
