Una decena de legisladores se han visto envueltos en escándalos que lo han colocado en el ojo del huracán, aunque no tienen que ver con la agenda legislativa.
Estos casos van desde corrupción, lavado de activo y narcotráfico internacional, violencia contra la mujer y hasta abuso de poder.
Los congresistas envueltos son dos senadores y ocho diputados, la mayoría perteneciente al Gobernante Partido Revolucionario Moderno.
VÍNCULOS CON NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS. Estos son los casos más sonoros e implican prisiones preventivas, designaciones de jueces especiales de la Suprema Corte de Justicia para investigación, dada la alta investidura de estos congresistas.
Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. El legislador (PRM-Santiago), de 58 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 17 de mayo y cuatro días más tarde fue acusado formalmente por cargo de narcotráfico internacional.
La Fiscalía de EE.UU. pidió a una corte del Sur de Florida retrasar para abril del 2022 el juicio contra el diputado dominicano.
JURISDICCIÓN ESPECIAL POR CASO FALCÓN. Tres legisladores fueron vinculados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el entramado de lavado de activos y narcotráfico internacional que algunos atribuyen a consecuencia del apresamiento de Gutiérrez Díaz en Miami.
Se trata de los diputados Héctor Feliz Feliz (PRD-Pedernales), Nelson Marmolejo Gil (PRM-Santiago) y Faustina Guerrero Cabrera (PRM-El Seibo).
Para estos congresistas, la Suprema Corte de Justicia designó al magistrado Napoleón Estévez para ser juez de instrucción especial en el expediente de la Operación Falcón.
El magistrado Estévez fue designado mediante el Auto 16-2021, en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones.
SCJ designa juez de Instrucción Especial para conocer caso de lavado diputada Rosa Pilarte
El magistrado Estévez también fue designado para ser juez de instrucción especial en el expediente López –Pilarte, que vincula a la diputada Rosa Amalia Pilarte (PRM-La Vega) en una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, y en la que su esposo, Miky López, es señalado como cabecilla.
El Ministerio Público de La Vega acusa a Pilarte de mover más de dos mil 500 millones de pesos en la economía nacional, sin ningún tipo de sustento.
DOBLE IDENTIDAD. En el programa Nuria Investigación Periodística se reveló la doble identidad del diputado Luis René Fernández Tavares, quien también se llama Luis Reyé Fernández.
La Junta Central Electoral dispuso que la Inspectoría del Registro Civil investigara el por qué el legislador (PRM-Santiago) cuenta con dos nombres.
El congresista explicó que: “En mi caso lo que existe es un proceso de declaración tardía de hace 20 años. Mi padre, José Félix Fernández, residente en los Estados Unidos, reclamó su paternidad sobre mí, por lo que fui sometido a una prueba de ADN verificada por la Embajada de los Estados Unidos en el país, para luego otorgarme la residencia y más adelante la ciudadanía norteamericana”.
DEL 30% DE LA AFP A PROTESTAS CALLEJERA. Lo que pareció un reclamo justo de Pedro Botello (PRSC-La Romana) de que por motivo de la pandemia Covid, se modificara la Ley de Seguridad Social y se procediera a la entrega del 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Tras no lograr apoyo en el Congreso, Botello auspició movilizaciones en las callejeras, algunas violentas que produjeron roturas de puertas y cristales del Congreso Nacional y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional.
Esto provocó que fuera sancionado por la Comisión de Disciplina de la Cámara Baja.
SENADORES EN ESCÁNDALOS. Alexis Victoria Yeb (PRM-María Trinidad Sánchez). El senador saltó a la palestra pública por tener empresas offshore en Panamá y además por ser contratistas del Estado, tanto como persona física, como con empresas farmacéuticas de las que es accionista.
Por tal motivo, la Dirección de Contrataciones Públicas determinó que Victoria Yeb, quien figura inscrito como persona física y como accionista de las razones sociales Victoria Yeb S.A., la cual ya había sido suspendida en la primera etapa de verificación y ahora se incluyen a Farmacia Santa Cruz, S.R.L. y Grupo Farmacéutico Ama, E.I.R.L., que a la fecha actual y tras el análisis de la composición accionaria de cada una de estas empresas y a la luz del cargo político del senador, se ha determinado que las mismas no pueden contratar ni ser proveedores del Estado por lo que se ha procedido a la suspensión de sus registros.
El senador Ramón Pimentel Gómez (PRM-Montecristi) asumió una actitud autoritaria cuando acudió a un destacamento policial en esa demarcación, a exigir la puesta en libertad de su colaborador Richard Mendoza, conocido como Tibiche.
El legislador exigía a los agentes policiales la liberación inmediata de Tibiche, el cual fue apresado porque en su contra pesaban varias órdenes de arresto.
Tras el escándalo, el legislador perremeísta, pidió disculpas públicas, al Senado, a su pueblo y las autoridades.
