Este lunes Daniel Ortega iniciará su cuarto periodo de gobierno consecutivo en Nicaragua, bajo la sombra de la ilegitimidad en su administración y con un país herido por la crisis económica y social, la migración masiva, el exilio, los presos políticos, y el aislamiento internacional.
Si llega a terminar este nuevo periodo en enero de 2027, Ortega habrá acumulado 26 años como presidente en cinco periodos, lo que lo convierte en la persona que más tiempo ha gobernado Nicaragua en toda su historia, superando incluso Anastasio Somoza García quien permaneció en el poder durante 20 años y estableció una dictadura familiar.
También Ortega sería, por mucho, en el jefe de Estado con más años consecutivos en el poder de la América Latina actual.
Daniel Ortega llega a este cuarto periodo consecutivo a través de unas elecciones que, tanto la oposición nicaragüense, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y más de 40 países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, consideran “ilegítimas” por la forma en que se realizaron.
En noviembre pasado, el Consejo Supremo llamó a los 4,6 millones de nicaragüenses a votar para elegir al nuevo presidente, vicepresidente y 90 diputados de la Asamblea Nacional. El secretario general del a OEA, Luis Almagro, consideró este proceso como “las peores elecciones posibles” por la falta de competitividad con que se realizaron.
Ortega -quien se presentó como candidato llevando de fórmula por segunda vez a su esposa Rosario Murillo- encarceló a la víspera a siete posibles candidatos de la oposición y eliminó a tres partidos políticos opositores, de tal forma que el siete de noviembre los votantes solo podían escoger entre Ortega y cinco candidatos desconocidos, de partidos minúsculos, y considerados colaboradores del régimen.
Los votantes le dieron las espaldas al proceso. Aunque el Consejo Supremo Electoral reportó una participación del 65 por ciento, el organismo independiente Urnas Abiertas, que observó desde la clandestinidad el proceso, estableció la participación en apenas el 18.5 por ciento.
Desde ese mismo día, más de 40 países se pronunciaron desconociendo los resultados de lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó “una pantomima”.
“El próximo 10 de enero en todo el país, en cada vecindario, en cada comarca, en cada hogar, en primer lugar, vecindario, municipio, distrito, comarca, barrio y comunidad, vamos a estar reunidos, conectándonos al acto central y desde la Plaza de la Revolución, nos va a tomar juramento a todos, el juramento al pueblo presidente, al final de la tarde del próximo 10 de enero, cumpliendo con nuestra constitución”, invitó Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua.
“Estamos listos para asumir todos juntos, para ir adelante todos juntos este nuevo periodo del gobierno de pueblo presidente, el próximo 10 en simultáneo en todo el país, como testimonio de nuestra responsabilidad histórica de avanzar desterrando la maldad, desterrando los odios, las indignidades, los antivalores, el apatridismo o vendepatrismo”, añadió.
Quince años de gobierno de Ortega han dejado una huella profunda en Nicaragua. En 2007, cuando Ortega regresó al poder, no existía ni un solo preso político. Actualmente hay al menos 170 personas, entre periodistas, empresarios y líderes opositores, en la cárcel por sus críticas o ideas políticas.
También durante el gobierno de Ortega, los periódicos impresos han desaparecido. De seis impresos que circulaban en 2007, actualmente no se publica ni uno. El régimen se tomó militarmente los equipos y edificios del canal de TV 100 por ciento Noticias, el semanario Confidencial y el diario La Prensa. Desaparecieron todos los espacios de opinión críticos al gobierno de radio y televisión y solo sobreviven los afines al régimen. Unos cien periodistas han salido al exilio para proteger su libertad y su vida y al menos 17 periodistas y personas ligadas a medios de comunicación se encuentran en las cárceles del régimen.
La crisis económica y social unida a la crisis política que vive Nicaragua desde el 2018 ha disparado la migración y exilio de nicaragüenses. Solo el año pasado se calcula que salieron de Nicaragua unas cien mil personas, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica.
El 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA declaró que “en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática” y ordenó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentar un informe “a más tardar el 17 de diciembre” sobre sus gestiones diplomáticas para que el régimen Ortega-Murillo acepte una misión de alto nivel que ayude a solucionar la crisis del país.
Sin embargo, Almagro ha pedido una prórroga para después del 10 de enero. “No existiendo al momento de cursarle la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular, y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre cómo fecha límite, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, si existiera acuerdo del cuerpo que preside a partir de las coordinaciones necesarias que usted entienda a bien realizar”, señaló Almagro en su petición.
Siete organizaciones opositoras que insisten en la ilegitimidad de Ortega, manifestaron su inconformidad con la solicitud de Almagro. “Al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA le expresamos nuestro rechazo a la prórroga solicitada ante el Consejo Permanente de esa organización, para entregar hasta mediados de enero el informe sobre las gestiones que hace con el Gobierno de Nicaragua, con el fin de acordar una reunión para negociar una salida a la crisis sociopolítica en el país, ya que a todas luces le abre una nueva oportunidad de buscar cómo legitimarse, posterior a la fecha en la que la Dictadura Ortega Murillo usurpará nuevamente el poder”, dice el comunicado.
Unos 30 funcionarios del gobierno nicaragüense fueron sancionados durante el 2021 por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, por las violaciones a los derechos humanos y la deriva autoritaria del régimen de Ortega. El 16 de noviembre, el presidente Biden prohibió la entrada a Estados Unidos a todos los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos sandinistas que participaron en “graves abusos o violaciones de los derechos humanos”.
Murillo anunció el jueves pasado que a la toma de posesión de Ortega asistirán delegaciones Cuba, Venezuela, Bolivia, Belice, Irán, Palestina, China, Rusia e India, México, entre otras.
Y a pesar de que Argentina fue uno de los 25 países que el pasado 12 de noviembre respaldaron la resolución de la Asamblea General de la OEA que declaró como ilegítimos los comicios del 7 de noviembre, el gobierno de Alberto Fernández sí participará asunción. En un principio, el embajador en Managua, Daniel Capitanich, había anunciado una misión especial que llegaría desde Buenos Aires pero la Cancillera lo desmintió y confirmó que sólo Capitanich asistirá.
Para el analista político Eliseo Núñez, Ortega busca en la combinación de China y Rusia “replicar el tiempo en el que él llegó al poder la primera vez (1979), un enfrentamiento este-oeste y un mercado alternativo”.
Sin embargo, Núñez considera que el peso de la ilegitimidad que carga en este nuevo periodo, “en la medida que pase el tiempo va a ir estorbando, no solo las relaciones diplomáticas sino también las relaciones de cooperación y principalmente va a terminar estorbado las relaciones comerciales, y eso va a provocar un impacto a lo interno del país sobre la gestión económica de Ortega”.
Fuente: INFOBAE
