La Corte de Apelación de La Vega aplazó para el 31 de marzo, sin ninguna justificación, el fallo que debió ofrecer hoy sobre la apelación hecha por el Ministerio Público en contra de la decisión que extingue la acción penal a cuatro empresas vinculadas a José Miguel López, (Miky López), acusado de encabezar una red de lavad de activos y narcotráfico internacional.
La fiscal de La Vega, Aura Luz García, fue consultada por N Digital para saber su opinión respecto a la decisión adoptada por los magistrados Mario Mariot, Argelia García y Osvaldo Aquino de posponer el fallo, y reaccionó sorprendida.
“El fallo estaba pautado para hoy, 22 de marzo del año 2022, y el mismo, sin ninguna justificación, nos informaron qué se había aplazado para el 31 de marzo del 2022. La verdad es que nos gustaría saber por qué”, afirmó la magistrada García.
Conforme a la decisión de la Corte de Apelación de La Vega, será al final de este mes que se le dará lectura al fallo.
La Corte de Apelación conoció la audiencia y se reservó el fallo, para el martes 22, sobre un recurso de apelación interpuesto por la fiscal García contra el auto administrativo dictado por el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción, José Martín de la Mota, mediante el cual extingue la acción penal a cuatro empresas vinculadas a Miky López).
Al Ministerio Público le causó extrañeza que el juez de la Mota extinguiera la acción penal contra esas empresas que figuran como imputadas en el expediente acusatorio.
El juez tampoco notificó al Ministerio Público sobre la intimación para presentar acto conclusivo, según lo ordena el Artículo 150 del Código Procesal Penal, lo que se traduce como una violación al debido proceso de ley.
Mediante el auto administrativo, el juez del Segundo de la Instrucción, declaró la extinción penal responsable a las empresas: Agropecuaria Gloria Ivette, debidamente representada por José Miguel López Pilarte.
Inmobiliaria Gloria Ivette, representada por José Miguel López Pilarte.
Sociedad Comercial Auto Crédito Selecto, representada por Miguel Arturo López Florencio.
Servicrédito Gloria Ivette, representada por Miguel Arturo López Pilarte.
“Esas entidades nunca han ostentado la calidad de entidades imputadas”, advierte el Ministerio Público, razones por las cuales decidió apelar el auto administrativo dictado por el juez de la Mota.
Argumenta que la calidad de imputado la otorga el Ministerio Publico al dirigir la acción penal en contra de una persona física o de una persona jurídica y que desde la solicitud de medida de coerción, se puede observar quienes son las personas que han sido individualizadas como imputados y contra quienes se solicitó coerción y no son esas empresas.
La coerción y la acción penal está dirigida por el Ministerio Público por cargo de lavado de activos y narcotráfico internacional contra las personas físicas Miguel Arturo López Florencio, José Antonio Román, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte y Ada Maria Pilarte de Inoa.
