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Jueza ordena a la PEPCA entregar documentos a favor del ex procurador Jean Alain Rodríguez

Consejo de Defensa Jean Alain Rodríguez solicita a la SCJ fijación de audiencia para conocer recurso de casación

Los miembros del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, demostraron hoy ante el tribunal que el Ministerio Público dificulta la investigación en perjuicio de su defendido, al obstaculizar, retener y dilatar la diligencia de documentación lo que impide el avance oportuno de la preparación de la defensa.

Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi, Francisco Franco y Nelys Rivas, informaron que presentaron una instancia motivada al tribunal las más de 102 peticiones realizadas a la PEPCA por Jean Alain Rodríguez en estos 8 meses que ha estado privado de libertad, no habiendo entregado o cumplido el Ministerio Público con siquiera una de ellas, ordenando la jueza entrega de todos los documentos resumió la Defensa.

Manifestaron que el Ministerio Público a su vez, en una actitud desleal y de mala fe se hizo de oídos sordos ante las denuncias y solicitudes de investigación por daños y robo agravado a una de las propiedades del ex procurador realizado por supuestos agentes de la Policía Nacional quienes ingresaron de manera desaprensiva a la propiedad y procedieron a retirar todos los electrodomésticos y parte de sus bienes, sin existir ninguna información ni aval legal para hacerlo.

Explicaron que entre los documentos solicitados concernientes al ejercicio de sus labores como ex procurador y para la construcción de la debida defensa ante los cargos que se le imputan, Jean Alain Rodríguez había solicitado documentación referente a: todos los procesos de compras y contrataciones durante el periodo 2016-2020 a la Contraloría Interna del Ministerio Público de la Procuraduría General, documentos que reposaban en la institución sin razón para no ser entregados.

También, se le solicitó investigar y presentar un informe que indique si cada contrato de construcción de obras del Plan de Humanización incluye cláusulas sobre a) obligaciones generales del contratista b) garantía de vicios ocultos de construcción; c) garantía de fiel cumplimiento del contrato y presentar cada clausula y su contenido por contratista en un informe y anexar copia de cada contrato y toda documentación vinculante al mismo.

“Esta documentación es altamente pertinente y útil para comprobar la falsedad de la imputación que hace el Ministerio Publico pues el mayor peso de la investigación reza sobre la responsabilidad del ex procurador en lo que han denominado la mayor estafa al Estado, sin ni siquiera haber llamado a uno de los contratistas o haberles exigido el cumplimiento de los acuerdos contractuales ya que todas esas obras cuentan con una garantía y la PEPCA no las reclama a los contratistas para esperar su vencimiento y entonces culpar a Jean Alain Rodríguez de los actos causados por negligencia”.

los juristas dijeron que a esto se le adiciona que la actual Procuradora Miriam Germán Brito no solo ratificó, refrendó y aumento en 220 millones los contratos, sino que les extendió la fecha para la entrega de las obras pendientes, las cuales no han sido cumplidas por los mismos.

Según la defensa, la PEPCA en reiteradas ocasiones ha dicho al país que tiene miles de documentos que blindan el expediente, pero a la fecha no ha presentado acusación, ni una sola prueba que vincule al ex procurador con un hecho ilícito solicitando cuatro (4) meses más de prórroga con miras a mantener ilegalmente privado de libertad al ex procurador.

“Ha transcurrido un año y medio investigando que incluye 8 meses formales que ya han vencido, nos niegan y ocultan todos los documentos y pruebas que pedimos, para ahora solicitar al tribunal una prórroga de 4 meses porque el expediente blindado con argumentos endebles que no tienen justificación. El art. 228 del Código Procesal Penal ordena a la jueza poner en libertad al ex procurador en caso de otorgar una prórroga, salvo casos muy excepcionales que no aplican a Jean Alain Rodríguez”, refieren los juristas.

“Ahora reposa sobre la jueza reparar el daño causado de manera reiterativa, siendo esta la llamada a obligar a la PEPCA a entregar la debida documentación y bienes incautados de manera ilegal y arbitraria”, dicen los abogados

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