La ONU muestra inquietud por las medidas tomadas en El Salvador contra la delincuencia

Ginebra.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró hoy su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador para responder al aumento de la violencia de las pandillas, que han incluido la declaración del estado de emergencia y el aumento de las penas a menores.

“Entendemos el desafío que supone para El Salvador la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, pero esto debe hacerse con arreglo a la ley internacional de derechos humanos”, señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina Liz Throssell.

La fuente oficial afirmó que desde la declaración del estado de emergencia el 27 de marzo fuerzas policiales y militares “han recurrido al uso innecesario y excesivo de la fuerza” durante operaciones desplegadas en zonas controladas por las pandillas.

Entre los 5.747 detenidos en estas operaciones “se ha denunciado que algunos han sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes”, indicó Throssell.

La portavoz también señaló que recientes enmiendas al código penal salvadoreño en el contexto de la actual operación “causan mucha preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos, al incluir sentencias elevadas, también a menores, mientras se debilitaron las garantías del debido proceso”.

Los cambios al procedimiento penal incluyen la posibilidad de juzgar a miembros de las pandillas sin que éstos asistan al proceso, o manteniendo en secreto la identidad de los jueces, y también se ha eliminado el límite de dos años de detención previa al juicio.

“Adolescentes asociados a las pandillas ahora pueden recibir las mismas sentencias que los mayores de edad, y cumplir su pena en centros de detención para adultos”, alertó Throssell.

El Salvador lleva nueve días en régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas, ante lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha lanzado una “guerra contra las pandillas”, como ya lo hicieron sus antecesores.

El Congreso salvadoreño suspendió, a petición del presidente Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.