Caracas.- Venezuela ha registrado, al menos 320 muertos en protestas desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 -hace este lunes 20 años- contra el entonces presidente, Hugo Chávez, una “letalidad” que “aumentó exponencialmente” desde 2014, con Nicolás Maduro en la Presidencia, según datos de la ONG Provea.
“El proyecto bolivariano -que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica-, no solo afinó los mecanismos jurídicos para restringir su ejercicio; también -en su etapa más reciente-, aumentó dramáticamente la letalidad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles”, aseguró la ONG en una nota difundida a través de su página web.
Asimismo, señaló que un total de 9.138 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 y 2020.
“El empleo excesivo de la fuerza contra los manifestantes, sumado a la ausencia de una política integral de reparación a las víctimas (…), mantiene en la impunidad a la casi totalidad de casos y somete a sufrimientos físicos y psíquicos a centenares de personas que aún padecen las consecuencias de los daños infligidos sin contar con atención alguna por parte del Estado venezolano”, sostuvo.
Según Provea, el 11 de abril comenzó un “prolongado proceso de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas”.
“La creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, es hoy día uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por Nicolás Maduro”, aseveró.
Luego de los sucesos de abril de 2002, prosiguió Provea, “comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios”.
En los últimos 20 años, de acuerdo con Provea, el chavismo ha reforzado leyes para obstaculizar el ejercicio de la protesta, impedir asambleas en empresas públicas e instituciones del Estado, cierres de calles o el derecho a huelga por parte de compañías estatales.
Además, desde entonces, “se hizo cada vez más frecuente la presencia de civiles armados para atacar manifestaciones”, destacó.
Agregó que, desde 2014, la gestión de Maduro “pisó a fondo el acelerador para consolidar rápidamente el andamiaje anti-protestas”, y recordó las manifestaciones antigubernamentales de 2017, cuando hubo “143 asesinados, más de 3.000 heridos, 5.000 detenidos, empleo de la justicia militar para procesar a civiles, allanamientos y ataques masivos contra zonas residenciales”.
