Congresistas de oposición respaldan la solicitud del monseñor Jesús Castro Marte de que el Canódromo sea desmantelado, tras incidentes pasados contra el equipo del Defensor del Pueblo y miembros de la prensa.
El diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, entiende que la Dirección General de Tránsito y Transporte (Digesett) viola derechos fundamentales de la Constitución al retener los vehículos por cualquier violación.
De su lado el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Héctor Ramírez consideró que no es necesario la retención de los vehículos a los ciudadanos, por lo cual respalda la solicitud de Castro Marte.
Petición de Castro Marte
El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, se mostró a favor este sábado de que el Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre terrestre (Digesett), conocido como canódromo, sea eliminado luego del incidente a inicios de semana entre agentes de esa entidad con el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y varios miembros de la prensa.
“Tenemos que detenernos a analizar el incidente del Defensor del Pueblo y las autoridades de la DIGESTT, el canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad”, escribió Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.
Se recuerda que a mediados de semana, el presidente Luis Abinader consideró que las personas responsables de borrar los datos de los celulares deben ser investigadas y, si corresponde, procesadas.
El gobernante, en su cuenta de Twitter, se refirió así al incidente ocurrido el lunes pasado cuando agentes de la Dirección General de Seguridad de Transporte y Tránsito Terrestre (Digesett) agredieron al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a un equipo de periodistas de varios medios de comunicación que le acompañaron en el depósito de vehículos conocido como el canódromo.
“Independientemente de las explicaciones de la @DIGESETT, las personas responsables de borrar los datos de los celulares deben ser investigadas y, si corresponde, procesadas. Tales acciones han tenido consecuencias en nuestro Gobierno y esta también lo tendrá”, se lee en la cuenta del mandatario.
Abinader recibió a Ulloa en el Palacio Nacional y este miércoles el Defensor del Pueblo se reunió con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, y el director de la Policía Nacional, Eduardo Then.
“Al igual que las Altas Cortes, decidimos apoyar a un defensor del pueblo independiente no partidista que por primera vez defendiera la colectividad. Por eso, apoyamos las acciones de Pablo Ulloa y todas las que garanticen los derechos del pueblo y la lucha contra la corrupción”, añadió Abinader en su cuenta de Twitter.
La Digesett borró total o parcialmente el contenido gráfico de cámaras y celulares que retuvieron a miembros de la prensa durante el incidente ocurrido el lunes.
El organismo entregó ayer los dispositivos manipulados a una periodista y a un fotógrafo de Listín Diario, quienes formaron parte del grupo de prensa que acompañó a Ulloa al lugar, donde fueron agredidos física y verbalmente.
Los videos y fotografías del incidente, sin embargo, han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales.
El mismo día de los hechos, la Digesett destituyó a la coronel Ysabelita de los Santos como responsable del Centro de Retención Vehicular el “Canódromo El Coco”.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y otros gremios de prensa solicitaron hoy al presidente Luis Abinader la destitución y aplicación de sanciones “ejemplares” a los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que agredieron a periodistas el lunes pasado.
El CDP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión (CRGTV) y la Asociación de Fotoperiodistas de la República Dominicana (AFPRD), también calificaron de “bochornoso” que los agentes hayan borrado material informativo y destruido equipos de trabajo de los periodistas y demás trabajadores de la prensa.
“Los gremios de la prensa nos mantendremos vigilantes y seguiremos siendo guardianes del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país y no permitiremos que sigan destruyendo el clima de libertad que se ha obtenido a fuerza de sangre y torturas”, expresaron esas entidades en un documento.
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