Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este jueves que se extiendan los beneficios sociales que da el Gobierno federal a los residentes en Puerto Rico.
En un dictamen conocido hoy, el Supremo dio respuesta al recurso presentado por un puertorriqueño residente en la isla que antes había vivido en Nueva York y cobraba de ese estado una pensión por discapacidad, pero que dejó de recibirla cuando el Gobierno federal supo de su cambio de residencia.
La principal instancia judicial estadounidense recalcó que el Congreso decidió en su momento no extender los beneficios federales a Puerto Rico del mismo modo que trata a los ciudadanos de la isla de forma distinta en lo que a impuestos se refiere.
Para el Supremo, la decisión del Congreso de “exonerar” a Puerto Rico de la mayoría de los impuestos federales da una base “razonable” para, de la misma forma, no concederle los beneficios sociales del programa de la Administración de la Seguridad Social (SSI, por su sigla en inglés).
Recuerda el tribunal que el ciudadano en cuestión, José Luis Vaello Madero, puertorriqueño de 67 años con una discapacidad, recibió beneficios del SSI mientras residió en Nueva York y después se mudó a Puerto Rico, donde “no era ya elegible para recibir dichos beneficios”.
Sin embargo, Vaello los siguió aceptando hasta que el Gobierno federal supo de su cambio de residencia y lo demandó reclamándole 28.000 dólares por lo recibido una vez en Puerto Rico.
El ciudadano respondió invocando a la Constitución y argumentando que la exclusión de los residentes en Puerto Rico del programa del SSI “violaba” el principio de igualdad de protección de la carta magna.
Pero en su dictamen publicado este jueves, el Supremo advierte que “la Constitución no exige al Congreso extender los beneficios de la Seguridad Social a los residentes de Puerto Rico” y se acoge a dos casos anteriores para recalcar el argumento de que del mismo modo que no se cobran impuestos federales en Puerto Rico dichos derechos no son obligatorios.
Además, subraya que las consecuencias de dar la razón a Vaello Madero tendrían “serias implicaciones” para el pueblo de Puerto Rico y la economía de la isla.
