El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este lunes sentencia absolutoria a favor de los implicados en el caso de los aviones Super Tucano, al declararlos no culpables de los delitos de corrupción administrativa por el que eran acusados. La sentencia íntegra del caso Super Tucano será dada a conocer el 12 de julio
El exministro de Defensa Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Hernández y Ramón Piccini Núñez fueron acusados por el Ministerio Público de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
La jueza Arlin Ventura descargó de toda responsabilidad penal a implicados en caso Tucano, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas considerables que justifiquen una condena en contra de los imputados. El Tribunal ordenó el cese de toda medida de coerción en contra de todos los implicados que se encuentran en libertad.
El Ministerio Público se mostró en desacuerdo con la decisión y dijo que van a recurrir a apelar, por no estar de acuerdo con el fallo del tribunal.
Al presentar sus conclusiones formales el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.
La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.