Hay desdichas que dejan cicatrices en la historia de un país. Tragedias que priorizan temas, que sacan a flote nuevas resoluciones y medidas para evitar la repetición de hechos lamentables en una nación.
La tragedia ocurrida el pasado seis de junio, en la que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a tiros en su propio despacho, ha traído a colación una serie de preguntas en torno a los protocolos de seguridad en las instituciones públicas.
Las preguntas que surgieron durante el desarrollo de un trabajo de Nuria investigación periodística fueron varias, pero las principales giraron en torno a dos cuestionantes: ¿Los arcos de detección de armas de fuego funcionan en las instituciones del país? ¿Qué establecen nuestras leyes respecto a su uso? Aquí les daremos respuestas.
Durante un recorrido por varias instituciones públicas, se puso a prueba la funcionalidad de los arcos y el desarrollo de sus protocolos de seguridad.
Para este experimento, dos miembros del equipo del programa se presentaron a estas instituciones, seleccionadas de forma aleatoria, uno portando un arma de fuego y otro no.
En el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) ambos entraron y salieron sin que el detector emitiera sonido alguno. Estaba apagado.
Sorprendentemente y para motivo de preocupación, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y en la Procuraduría General de la República (PGR), la persona que portaba el arma pudo entrar y salir sin ningún inconveniente a pesar de que el detector sonó en ambas instituciones. Aquí no se desarrolló ningún protocolo de seguridad.
Hay instituciones que ni siquiera poseen arca de detección de metales como es el caso del Ministerio de la Juventud y para mayor preocupación, los visitantes no son sometidos a una revisión.
En el caso del Ministerio de Industria y Comercio (MICM), en ambos casos emitió el sonido, tanto en la persona que portaba el arma como en aquella que andaba desarmado, pasando ambos por una revisión.
Afortunadamente, hay otras instituciones que sí cumplen con mayor rigurosidad los protocolos de seguridad y el uso de los detectores como la antigua Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
En estas instituciones realizan un fuerte interrogatorio por parte de los agentes de seguridad para conocer el motivo de la visita a las instalaciones.
Además del arco, también se utiliza un racker manual detector de metales y a las mujeres les revisan las carteras.
Al detectar el arma al miembro del equipo, le solicitaron guardarla en una caja dispuesta para tales fines mientras se encuentre en la institución.
Opinión de experto en seguridad
Pero ¿qué dicen los expertos sobre este tema? Veamos lo que expresa Alberto Sandoval, quien es experto en seguridad institucional.
Lo primero que aborda es que la seguridad de una institución pública no debe recaer sobre las personas que se encuentren a la entrada, sino que debe de existir un monitoreo continuo para detectar cualquier actitud y comportamiento que pudieran alertar sobre una posible situación y así tomar medidas preventivas antes de que pudiera ocurrir un hecho.
Sandoval reveló que una de las principales debilidades es la confianza que funcionarios y personas del área administrativa tienen con algunas personas que visitan las instituciones.
“Una de las debilidades fundamentales que cualquier persona del área administrativa o un allegado a un funcionario de nivel importante en una institución, son los primeros que violentan los protocolos porque son los que invitan personas, no pasan los filtros de seguridad y entonces esto contrapone los protocolos”, sostuvo.
Siendo esto una acción que corresponde con dos de los sucesos que han consternado al país, la muerte de quien era el alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, mejor conocido como Juancito Sport, y de quien era el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ambos fallecidos en sus puestos de trabajo y a manos de personas conocidas, quienes no pasaron por un protocolo de seguridad.
Qué contempla la ley
¿Qué dice la ley sobre este tema? La respuesta es clara: aún no se han promulgado leyes al respecto pese a que se han sometido proyectos.
Desde el 2018, hace casi cuatro años, el Congreso de la República Dominicana tiene engavetado un proyecto de ley que ordena la instalación de arcos detectores de metales en las entradas y salidas de instituciones públicas para garantizar la seguridad de las personas que concurran.
“Se conoció en el Congreso, pero luego fue archivado, cosas que también hemos visto con otras leyes que han querido, que van enfocadas al aspecto de seguridad”, indicó Alberto Sandoval.
El pasado 8 de junio, el senador Santiago Zorrilla presentó otro Proyecto de Ley que dispone la Instalación de Arcos Detectores de Metal.
En esta nueva propuesta, se establece que junto a los arcos se coloquen dos cajas recibidoras de metales: una blanca para depositar las armas legales y otra roja para las armas que no tengan documentación ni estén registradas.
En consecuencia, si el arma con el que se pretende ingresar es ilegal, las personas enfrentarían una sanción de cinco a 10 años de prisión y una multa.
De esta ley, quedarían exentos los militares y policías con la condicionante de que no pueden exhibir sus armas.
