Un testigo clave del Ministerio Público en el caso Medusa, donde el principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló las extorsiones realizadas en el entramado de corrupción de La Nueva Victoria.
Se trata del ingeniero civil Antón Casasnovas Nolasco, quien fue compañero del colegio Loyola de Jean Alain Rodríguez y testigo del Ministerio Público en el caso Medusa.
“Siempre estuvo comprometido movimiento de tierra de La Nueva Victoria”, asegura el ingeniero testigo del MP en caso Medusa
Pese a que la empresa Remix estaba interesada en el lote del movimiento de tierra y tenía experiencia en el área, no se lo adjudicaron porque ya estaba “comprometido”, aseguró .
Durante un interrogatorio, al que tuvo acceso el programa Nuria Investigación Periodística, Casasnovas reveló que por instrucciones de Rafael Canó, exjefe del gabinete del exprocurador, tuvo una reunión con Jonathan Rodríguez, exdirector financiero de la Procuraduría, en la que repartieron los lotes de la construcción del complejo penitenciario “La Nueva Victoria” antes de abrir la licitación.
El esquema de extorsión en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario fue establecido por Rafael Canó y Jonathan Rodríguez, junto al ingeniero Casasnovas.
La extorsión a la que llamaban “peaje”, ascendía al 20% del monto total del contrato. El Consorcio Remix Rotilla, la Constructora Pablo Yarull y Marizán Ingeniería, estuvieron de acuerdo con este “peaje”, el cual les fue comunicado en una reunión que tuvieron en la casa del ingeniero Casasnovas junto a Jonathan Rodríguez y Rafael Mercedes (director de contabilidad de la PGR) antes de la apertura de las licitaciones.
La empresa STRUKTURAT LTD resultó adjudicada mediante el acta NO. 138-2018 para el lote de Movimiento de Tierra de la Nueva Victoria, por un monto total de RD$1,099,467,813.63. Su representante es Enrique Ernesto Bonetti Galván.
Casasnovas supervisaba lotes de MAC Construcciones porque fue contratado por influencias
“Yo tenía una buena relación y eso influenció para mi contratación” afirmó el ingeniero Antón Casasnovas, la empresa Kabul, de la cual era asalariado, era responsable de supervisar varios lotes asignados dentro del Plan de Humanización desarrollado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez. Esta empresa, según el testigo, fue requerida por el exjefe del gabinete del exprocurador, Rafael Canó.
Casasnovas detalló que la empresa Kabul lo asignó como supervisor de la empresa MAC Construcciones, ligada a la familia del ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, y su responsabilidad era revisar los informes que eran presentados por esta para recibir los pagos por los lotes adjudicados, dentro del Plan Nacional de Humanización de Cárceles que desarrolló la administración de Rodríguez desde la Procuraduría General de la República.
Afirmó que a Jenny Marte (exencargada de Proyectos del Despacho de la Procuraduría y responsable del Plan de Humanización) no le gustó el informe que presentaron, por lo que fue asignado para chequearlo: “Yo era supervisor para MAC, pero yo chequeaba el informe, que estuviera presentable, pero yo no elaboraba solo veía, para corrección y darle alguna forma, una especie de aprobación final… Había una ingeniera que trabajaba la obra que me conocía y como ellos tuvieron problemas, ellos también sabían que yo tenía una buena relación aquí y eso influenció para mi contratación, pero debo decir que la supervisión de nosotros era más para controles de calidad”.
Ya estaban elegidas las constructoras de cárceles mucho antes del proceso de licitación
Tras ser interrogado como testigo del MP en el caso Medusa, Casasnovas Nolasco reveló como operaba el entramado de corrupción en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Aseguró que el jefe del gabinete del exprocurador, Rafael Canó, a quien también conoce desde el colegio, lo contactó porque necesitaban constructoras de personas de confianza para las licitaciones de las cárceles. El testigo establece que debido a su cercanía con Rodríguez pensó que ser proveedor del Estado no le era conveniente, por lo que propuso buscar constructoras de amigos y colegas de confianza para tales fines.
Detalló que procedió a hablar con el Consorcio Remix Rotilla, la Constructora Pablo Yarull y Marizán Ingeniería. Luego le informó a Rafael Canó, y este aceptó que sean las constructoras propuestas por Casasnovas. En ese momento es cuando Canó le informa al ingeniero que todas las empresas que liciten debían de pagar un 20% por encima del monto total del contrato. El ingeniero denomina a este 20% como “el peaje”.
Canó le informa que de ahí en adelante debía manejar ese tema con Jonathan Rodríguez, director financiero de la Procuraduría, con quien el ingeniero se reunió previo a las licitaciones. En el encuentro hicieron un cuadre y repartieron los lotes. A pesar de que la empresa Remix tenía experiencia y estaba interesada en el lote del movimiento de tierra, no se lo dieron porque ya estaba “comprometido”.
Luego se volvieron a reunir en la casa del ingeniero Casasnovas junto a Rafael Mercedes (director de contabilidad de la Procuraduría), el Ingeniero Marizán, Pablo Yarull y un representante de Remix. Ahí se definió el esquema de la extorsión de un 20%, que era definida por Jonathan Rodríguez como un “pago obligatorio”.
Este “peaje” debía salir del primer pago, pero no siempre pudo realizarse de esa manera porque las constructoras se descapitalizarían, razón por la cual, luego de ser adjudicadas, se acercaron al ingeniero para que sea mediador y renegocie con Jonathan Rodríguez.
