Por Marcos Contreras. – Con el propósito de no dejar evidencias sobre los procesos fraudulentos realizados en los procesos de compras y contrataciones que se llevaron a cabo durante su paso por la Procuraduría General de la República, el exprocurador Jean Alain Rodríguez ordenó a miembros de su equipo de colaboradores la destrucción masiva de las actas y otros documentos públicos pertenecientes a dichos procesos.
Así lo explica en la acusación formal que depósito el Ministerio Público para la solicitud de apertura de juicio de fondo a los implicados en el caso Medusa que se le sigue a los Rodríguez y a otras 40 personas físicas, así como a 22 empresas por los actos de corrupción.
El documento instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), establece que tras los resultados de las elecciones generales de junio del año 2020 y durante las siguientes tres semanas, un equipo de técnicos dirigidos por el acusado Johannatan Loanders Medina, ejecutó un proceso de destrucción de documentaciones originales y en copias, valiéndose de una máquina trituradora.
El proceso que inicio en las oficina de Medina, se trasladó días después al despacho de la señora Amelia Isabel Escaño, participando en el mismo los técnicos de la Dirección de Compras Jennifer Maricet Peña Hernández, Francys Adalberto Pacheco Soto y Narcisse Heriberto Rivas Garib.
La acusación establece que el argumento con el que se justificaba dicho proceso era el de “dejar las oficinas limpias a la nueva gestión”, como parte de una política de Rodríguez a su paso por instituciones públicas de “no dejar información”.
Entre los legajos destruidos figuran certificaciones de existencia de fondos, actas de aperturas, actas de inicios, actas de adjudicaciones, actas de notificación de oferentes, actas de resultados de evaluación, pliegos de condiciones, fichas y especificaciones técnicas, publicaciones en periódicos, originales y copias de los sobres A y B, entre otros.
La desaparición de estos documentos se confirmó a través de una certificación emitida por el Comité de Compras y de la Dirección Jurídica de la PGR, con fecha del 16 de mayo del 2022, la cual indica que en sus archivos “no reposan las actas físicas originales y digitales de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones, así como los informes realizados por los peritos del periodo 2016-2020.
Otra comunicación que sirve de aval es la emitida por la Directora Administrativa del organismo, en fecha del 23 de junio del 2022, el cual reseña que en “sus expedientes de pago de los procesos de Licitación Pública Nacional y Comparación de Precio, de adquisición de bienes y servicios, del periodo 16 de agosto del 2016 a la misma fecha del 2020 no se encuentran las actas originales físicas de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones”.
