De acuerdo el expediente acusatorio del caso Medusa, el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, contrató asesores de seguridad a dos franceses quienes tenían a su cargo el brazo de seguridad de la PGR.
Los extranjeros contratados son: los extranjeros Philippe Jean Maurice Leverd Peliouchenko y Michel Maurice Mercier Boudier, quienes dirigieron el engranaje de seguridad de toda la institución.
En la investigación también se pudo determinar que el sargento mayor Juan Luís Mieses Peña, A.R.D., el sargento Wandol Amador, E.R.D., y el segundo teniente Ambriorix Encarnación Montero, E.R.D no devolvieron las armas de fuego que les fueron asignadas por la administración de Jea Alain.
Las asignaciones de armas de fuego fueron regularizadas por la actual Dirección de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República, mediante los correspondientes formularios 25.
El documento detalla que aunque el Artículo 18 del Reglamento Operativo del Ministerio Público para la custodia, administración permite otorgar en uso las armas de fuego incautadas a la propia institución, no menos cierto que es a condición de que no sean necesarias como medio de prueba para la presentación de cargos y serán custodiadas hasta tanto culmine el caso en cuestión.
El expediente destaca que el referido proceso judicial culminó con un auto de no ha lugar, identificado como Resolución Penal No. 580- 2018-SACC-00737, del 12 de octubre de 2018, dictada por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo.
“Sólo la cantidad de 180 armas de fuego fueron devueltas, mientras que las 4 pistolas restantes fueron apropiadas a un fin distinto a la devolución imperativa que procedía, ya que el acusado Alejandro Martín Rosa Llanes, ni siquiera dejó rastro de la permanencia de estas evidencias en la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República”, apunta el expediente.
Ninguna de las armas de fuego se encuentran registradas en la base de datos del Ministerio de Interior y Policía, tampoco presentan ningún registro de sometimiento ni proceso, conforme los archivos de la División de Investigaciones de Tráfico de Armas de Fuego de la Policía Nacional.
