De acuerdo al expediente del Ministerio Público las victimas de la red criminal transnacional dedicada a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial, eran obligadas e inducidas por miembros de esta estructura criminal a consumir sustancias controladas, cuyo costo se sumaba a la deuda que las víctimas eran obligadas a pagar para conseguir su libertad.
La acusación señala que estas mujeres no se podían negar a realizar las actividades sexuales, puesto que eran amenazadas tanto con ser denunciadas en migración para ser reportadas, como hacerle daños a sus familiares en sus respectivos países de origen, al tiempo que se les privaba de su libertad, siendo únicamente trasladadas, dentro de la República Dominicana, a los lugares donde eran transportadas por los tratantes que se hacían llamar “presentadores o promotores”, que tenían la función de exhibirlas y entregarlas a los clientes para realizar las actividades sexuales remuneradas.
A tal efecto eran vigiladas constantemente por un miembro de la estructura criminal que fungía como custodia de las víctimas en todo momento, y no se les permitía disponer de tiempo libre, teniendo que estar disponibles cada vez que un “promotor” las requería para un cliente.
Consta en el expediente que las víctimas eran sometidas a explotación sexual para provecho económico de la organización criminal, que cobraba por servicio sexual de una hora, una suma que oscilaba entre RD$5,000.00 a RD$7,000.00 pesos dominicanos, cuando se utilizaba el Distrito Nacional como lugar de operación, y de US$100.00 dólares americanos cuando las actividades se materializaban en Bávaro, Punta Cana; sumas estas que los tratantes recibían de manos de los clientes y de las cuales las víctimas no recibían ningún beneficio, bajo el alegato de que este dinero servía para ir cubriendo la deuda, que realmente solo aumentaba y era interminable para la mayoría de las víctimas, pues le sumaban constantemente un valor por costo de hospedaje y alimentación diario de las misma.
El pasado 4 de agosto, el Ministerio Público y miembros del Departamento de Control Migratorio e Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la PN, realizaron al menos 14 allanamientos en varios hoteles utilizados para prostitución de colombianas, movimientos de armas de fuego y drogas, en el Distrito Nacional y Punta Cana.
